11 de noviembre de 2024

Washington, D.C. - En el marco de la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados y actores globales a avanzar con compromisos firmes en la financiación climática.

La REDESCA subraya que, ante los devastadores efectos del cambio climático en la región —como las intensas tormentas, graves inundaciones y catastróficos incendios forestales—, se hace urgente una respuesta financiera adecuada que atienda a la crisis ambiental, y que proteja los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Si bien se han logrado avances, como el establecimiento del Fondo de Pérdidas y Daños y otros compromisos internacionales en financiamiento climático, estos esfuerzos aún requieren de mecanismos más efectivos y accesibles. Es esencial que estos mecanismos permitan a los países responder a los impactos climáticos sin comprometer su estabilidad económica y social, ofreciendo una base sólida para una verdadera justicia climática.

La Relatoría Especial enfatiza que la financiación climática debe basarse en los principios de justicia climática y de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconociendo tanto la responsabilidad histórica de los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero como la vulnerabilidad de aquellas regiones que, a pesar de haber contribuido mínimamente al cambio climático, sufren sus impactos de manera desproporcionada. Ejemplos claros de esta situación son el Caribe y la Amazonía, que enfrentan consecuencias climáticas severas y albergan importantes sumideros de carbono globales.

La Resolución 3/2021 de la CIDH y la REDESCA señala que la emergencia climática constituye una de las mayores amenazas para el ejercicio pleno de los derechos humanos en la región, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Este vínculo entre derechos humanos y cambio climático subraya la urgencia de que los Estados adopten políticas climáticas integrales y financien adecuadamente tanto la mitigación como la adaptación a los impactos ambientales. La resolución también resalta la necesidad de movilizar recursos internacionales bajo un enfoque de justicia climática, a fin de evitar que los costos de esta crisis recaigan sobre quienes menos han contribuido a su origen y proteger los ecosistemas cruciales para el equilibrio climático global.

Reconociendo además que el cambio climático intensifica las desigualdades estructurales y afecta de manera desproporcionada a personas y grupos que han soportado históricamente las mayores cargas de desigualdad —incluyendo a mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas en situación de pobreza o discapacidad—, la REDESCA hace un llamado urgente a adoptar medidas de financiamiento y políticas climáticas con un enfoque de derechos humanos, procurando que los apoyos se canalicen de forma justa hacia las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

La COP29 representa una oportunidad crucial para incrementar la financiación climática en una era marcada por crecientes tragedias ambientales en el contexto de la emergencia climática. Este esfuerzo debe incluir compromisos claros de compensación y reparación para los países más vulnerables, abordando tanto las pérdidas y daños económicos como los no económicos. Hasta ahora, los recursos han sido insuficientes y los mecanismos de apoyo existentes no han sido suficientemente efectivos, lo que evidencia la necesidad urgente de movilizar un financiamiento climático que sea accesible, equitativo y adecuado a las necesidades actuales y futuras. Asimismo, es fundamental que los Estados asuman compromisos más ambiciosos en la reducción de gases de efecto invernadero, integrando una transición energética justa que priorice la protección de los derechos humanos. Incrementar la ambición climática es esencial, junto con establecer planes concretos para una eliminación gradual y justa de los combustibles fósiles. En coherencia con los principios de justicia climática, los Estados con mayores responsabilidades históricas deben liderar esta transición, situando los derechos y necesidades de las poblaciones más afectadas en el centro de las decisiones climáticas.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

No. RD283/24

12:50 PM