El tratado busca garantizar el derecho a la información, participación y justicia en temas ambientales.

El presidente Gabriel Boric ha inaugurado este miércoles la primera Conferencia de las Partes (COP1) del acuerdo medioambiental de Escazú con Chile de anfitrión, pero no miembro. Aunque el país sudamericano fue uno de los impulsores del tratado pionero que busca garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la Justicia en asuntos ambientales, el gobierno de Sebastián Piñera decidió en 2020 no adherirse. “Espero que pronto nos convirtamos en un Estado parte”, ha adelantado Boric, que en su primera semana en La Moneda envió un proyecto de ley con suma urgencia al Congreso para que Chile se sume al pacto vinculante.

“Para nuestro gobierno es fundamental retomar el liderazgo regional que tuvo Chile en el pasado en esta materia y enfocarlo en impulsar la consolidación de este acuerdo a lo largo y ancho de América Latina”, ha afirmado el mandatario en la primera actividad del encuentro de tres días que se celebra en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago. De los 33 países de la región, 24 países firmaron el acuerdo en 2018, pero desde entonces solo 12 lo han ratificado a través de sus Congresos, entre ellos México, Bolivia y Uruguay. No se han suscrito países como Brasil, Perú o Colombia.

Costa Rica, que junto a Chile fueron los principales promotores del acuerdo, tampoco ha ratificado. Su vicepresidenta, Epsy Campbell, ha participado esta mañana a través de videoconferencia: “Nuestras sociedades se han polarizado en debates absurdos sobre la disyuntiva sobre la conservación del medio ambiente y el desafío del desarrollo sostenible”, ha apuntado. “Lamento mucho que en medio del siglo XXI haya quienes planteen esa falsa dicotomía, con falsas premisas, que no nos permiten avanzar en políticas públicas y legislaciones que entiendan el inmenso desafío que tenemos por delante”, ha añadido.

En 2012, durante el primer mandato de Piñera, surgió la idea del tratado y se puso en marcha la maquinaria negociadora para llevarlo a cabo. Seis años después, en el segundo gobierno del empresario, este anunció que Chile no lo firmaría. La Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente argumentaron que el acuerdo introducía una serie de principios no definidos que condicionarían la legislación ambiental y que introducía obligaciones para el Estado “ambiguas, amplias e indefinidas”, entre otras razones que sorprendieron a autoridades locales e internacionales.

Para marcar la diferencia con la postura de la Administración anterior, Boric llegó esta mañana acompañado de la Canciller Antonia Urrejola y de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. “Este tratado va a permitir bajar la conflictividad socioambiental que existe en el país al abrir un diálogo temprano y significativo. Así se podrá destrabar el falso paradigma de que el desarrollo económico va en contra de la protección ambiental. A estas alturas la pérdida de biodiversidad es irreversible y el bienestar de todos los chilenos depende de una naturaleza sana”, ha asegurado Rojas, quien espera que el Congreso apruebe este año el proyecto de ley para que Chile se adhiera al acuerdo.

El tratado busca garantizar el derecho a la información, participación y justicia en temas ambientales. En el tema de la participación, por ejemplo, está estipulado que representantes de la sociedad civil participen en las negociaciones. “Si se garantizan estos tres derechos, puede mejorar la toma de decisiones, y garantizarnos otros derechos humanos, como el derecho humano a vivir en un medioambiente sano”, ha añadido la ministra de medio ambiente.