La práctica de Frontex se asimila a una gestión militarizada de la inmigración, a la que se suma una violación sistemática del derecho humanitario

La controvertida actuación de Frontex, el cuerpo policial reforzado por la UE para la defensa de las fronteras, sigue su curso. Ni la Comisión ni el Consejo Europeo han querido reprimir ni paralizar tajantemente las continuas violaciones del derecho de los peticionarios de asilo y otros derechos humanos de los refugiados. Recordemos que agentes de Frontex, y en particular su director, Fabrice Leggeri, están acusados de practicar sistemáticamente devoluciones ilegales en frontera y por la fuerza. Cierto es que este método, avalado por la Hungría de Viktor Orbán, se ha reproducido en otros países (varios informes atribuyen a Grecia, Croacia, Italia y Eslovenia la misma tendencia). Lo más grave es que esos hilos de violencia en frontera guardan las claves que la banalizan: el contexto de la pandemia y el bloqueo de las negociaciones sobre el pacto migratorio prometido para 2020, que no logró materializarse por falta de consenso. Esta situación promueve, de hecho, un endurecimiento de la política exterior de acogida de todos los países europeos y la arbitrariedad como regla en las fronteras nacionales dentro del mismo seno de la UE. Ni siquiera se respetan ahora los acuerdos de Schengen ni las directrices de los acuerdos de Dublín sobre los refugiados. Porque no se puede confundir, como se hace, la necesidad de control del ejercicio de los derechos de los refugiados con su rechazo ilegal.

La práctica de Frontex se asimila a una gestión militarizada de la inmigración, a la que se suma una violación sistemática del derecho humanitario. Pese a las denuncias de varias ONG y los informes publicados en 2020 sobre los métodos brutales de algunos agentes de vigilancia, la impunidad parece respaldar de nuevo a Frontex. No se explica de otro modo el mantenimiento de Leggeri en su puesto. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, se ha limitado a proclamar, sin atribuir mayores responsabilidades, más “transparencia” sobre las actividades policiales como si se calmara así la razonable ira de los defensores de los derechos humanos, y el desprecio hacia los demandantes de asilo.

Por eso nada avanza: o la inacción de la Comisión refleja su impotencia frente a los países que apoyan las técnicas del director de Frontex porque desean vaciar de una vez el molesto derecho de asilo, o bien prefiere dejar hacer para presentar un pacto migratorio aprovechando precisamente el clima de endurecimiento prevalente en Europa, favorecido por la pandemia. En ambos casos, aunque sea legítimo controlar el asilo, acabaría con el semblante democrático que merece Europa, causando estragos permanentes para los derechos de los refugiados. Nunca la situación había sido tan incierta y dura como hoy para los solicitantes de protección. Es una época muy sombría para aquellos que huyen de la miseria, de guerras civiles, dictaduras, de la violencia sistemática y los desastres ecológicos. Y también para el derecho de la UE.