El ex Defensor de Pueblo y abogado comenta sobre la elección de autoridades judiciales, bajo la anterior Constitución Política del Estado y la actual norma

De acuerdo con lo programado por el Órgano Legislativo, se tiene previsto que para octubre de este año, el pueblo boliviano acuda nuevamente a las urnas, esta vez para elegir autoridades judiciales de alto rango, es decir, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional. La Constitución Política del Estado, a través de los artículos 182 y siguientes, incorporó un procedimiento inédito en la historia nacional en sentido de promover un mecanismo cualitativamente distinto a los anteriores, más democrático y participativo, permitiendo que sea la ciudadanía la que con su voto decida quiénes serán las o los juristas encargados de administrar justicia, tomando en cuenta que, desde la fundación de Bolivia en 1825, la designación de este tipo de autoridades estuvo restringida a las instancias políticas, especialmente al Congreso, procedimiento que daba lugar a una obvia politización de los tribunales. Frente a la triste experiencia vivida respecto del nombramiento de jueces de alto rango y el desprestigio de éstos en el cumplimiento de sus funciones, la alternativa de la elección resulta novedosa y genera una esperanza de cambio ante un pasado caracterizado por la mercantilización y politización de la justicia, además de la corrupción sistemática. Tomando como referencia los últimos 30 años, advertiremos que partidos como el MNR, ADN, MIR, entre otros, efectuaron un copamiento absoluto de las instancias judiciales, restringiendo el nombramiento de magistrados y jueces a su militancia, de modo que los profesionales abogados que aspiraban a ocupar cargos en los tribunales estaban conminados a contar con el aval de estos partidos, situación que condicionaba su forma de trabajo y la sometía de manera fáctica al mandato de los operadores políticos de diversos gobiernos. En esas circunstancias, terminaban actuando como funcionarios paragubernamentales, dependiendo incluso, sin exagerar, de la llamada telefónica de un Ministro de Gobierno para definir la orientación y sentido que tendrá el fallo, existen ejemplos emblemáticos respecto de esta grosera subordinación de poderes, dando lugar a una peligrosa inseguridad jurídica e indefensión ciudadana. Frente a esa triste experiencia, la elección de autoridades judiciales en base a la voluntad popular resulta positiva. Sin embargo, no nos engañemos pensando que este nuevo procedimiento será la panacea que resolverá los grandes males del sistema de administración de justicia en el país, por varias razones, algunas de ellas me permito enumerar: 1.- Se elegirá solamente autoridades de alto rango, lo que significa que los vocales de las Cortes Departamentales de Justicia y jueces en diversas materias que conforman la mayoría del Órgano Judicial continuarán siendo nombrados bajo los procedimientos y parámetros que vienen del pasado y seguirán expuestos al dominio político del Gobierno. 2.- La Fiscalía, institución que de acuerdo con la Constitución representa a la sociedad, en la práctica actúa en absoluta subordinación al Gobierno Nacional y es la que decide quiénes pueden ser acusados ante el juez, dicha entidad nunca fue saneada y seguirá siendo el brazo operativo del Órgano Ejecutivo. 3.- Los candidatos a las altas magistraturas serán previamente depurados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el partido de Gobierno cuenta con más de dos tercios. En un momento histórico donde se advierte una desmedida avidez de acaparamiento de todo espacio de poder, es imposible pensar que actuarán con desprendimiento permitiendo lleguen a la contienda electoral juristas que anteladamente no estén comprometidos con los gobernantes. Son las dudas que debemos allanar antes del verificativo de dichas elecciones para no reciclar el pasado.