La Red Contra el Racismo, la Discriminacíón y la Impunidad presentó al Comité contra la Discriminación Racial un informe alternativo sobre el cumplimiento de la Convención supervisada por el Comité haciendo conocer su evaluación sobre el cumplimiento de obligaciones estatales informando sobre los que considera avances, dificultadades y motivos de preocupación

INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL BOLIVIANA AL COMITE PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD) RESUMEN EJECUTIVO 1. PRESENTACIÓN Una de las principales contradicciones históricas de Bolivia, desde su creación en 1825, fue la exclusión de las mayorías de la población indígena del derecho a la ciudadanía, a la participación política, al desarrollo y al respeto de su cultura, situación que prevaleció durante la República como un colonialismo interno cuya expresión más dolorosa fue el racismo. El racismo, funcional al sistema neoliberal, viene relacionado con otros mecanismos de estratificación social y de clase, y, por lo mismo, tiene diversas formas de expresión en el país que se agudizan cuando se sobreponen otros motivos como, por ejemplo, la orientación sexual, la condición de migrante, el género y la identidad, entre otros. Los resabios racistas que subyacen en sectores dominantes y privilegiados en Bolivia que controlan algunas grandes empresas productivas, financieras y medios de comunicación, se exacerbaron con el ascenso a la Presidencia de Bolivia, del indígena Evo Morales, en enero de 2006, y sus políticas de inclusión de los pueblos indígenas. Paradójicamente, las acciones del nuevo Estado Plurinacional de revertir el orden colonial interno y la exclusión de indígenas-campesinos-afrodescendientes se enfrentaron a una resistencia sin cuartel -con diversos grados de violencia sistemática y esporádica- por parte de algunos sectores de poder, opuestos al proceso de cambio. Tampoco han estado ausentes contradicciones internas propias de un proceso de transformaciones. Pese a este contexto, se han dado importantes avances en Bolivia en la lucha contra el racismo como un esfuerzo desde el Estado y la Sociedad para garantizar la realización y respeto a la dignidad y los derechos indígenas, así como de otros sectores, algunos de ellos son la adopción de nueva Constitución Política del Estado (2009), la ratificación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la promulgación de la Ley 045 del 8 octubre de 2009. Asimismo, la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación en Bolivia, promulgada el 8 de octubre de 2010, adopta las definiciones de la Convención Internacional Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, el Convenio Nº 111 de la OIT, la Convención sobre las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales que más allá de sus especificidades coinciden en comprender como actos discriminatorios a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, etc. que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales. Sin embargo, la implementación de estas normas es, quizá, el principal desafío junto a otros temas pendientes que esperan ser encarados. 2. CASOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL IMPUNES Entre 2007 y 2008, la represión política se desplaza de la capital política del país, La Paz, a los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Pando, en donde estalla un racismo manifiesto instigado por las autoridades regionales en contra de su propio campesinado de origen indígena, con un saldo de varios muertos y heridos, y personas, familias y comunidades afectadas y con evidentes traumas. a) Violencia en enero de 2007 en Cochabamba.- Una movilización campesina que tomó la plaza principal de la ciudad en protesta contra la convocatoria a referendum por parte del prefecto (gobernador) Manfred Reyes Villa y su apoyo a los intentos de independencia alentados por el comité cívico de la ciudad de Santa Cruz generó una violenta reacción. Los “jóvenes por la democracia”, funcionarios de la prefectura y miembros de la clase media y alta, convocaron a “reventar indios” y llamaron “a que desalojen a los indios mugrientos de nuestras plazas”, alentados por los medios de comunicación que repetían las consignas racistas. Se organizaron en grupos armados con cuchillos, armas de fuego, bates de béisbol y escudos fabricados por cantidad. Tres personas fallecidas, 404 personas heridas por armas no letales antidisturbios empleadas por la Policía y por los civiles y 19 personas heridas por armas de fuego o puñales fue el saldo trágico del odio y la violencia b) Hechos de violencia entre 2007-2008 en Sucre, (capital del Departamento de Chuquisaca y capital de Bolivia). A raíz de la decisión de la Asamblea Constituyente –con sede en esa ciudad- de no incluir el término de “Capitalía Plena” para Sucre en el debate sobre el texto constitucional, en el entendido de que se trataba de una bandera de sectores de la oposición para generar rivalidad con La Paz, que se constituye en la sede de Gobierno, comienzan a registrarse varios hechos de racismo en 2007. Las acciones de violencia verbal y física en contra de las y los constituyentes y representantes de organizaciones sociales (sobre todo indígenas y campesinos) fueron cotidianas, desde agosto de 2007, poniendo en peligro la vida de muchos de ellos (as). Los conflictos se intensificaron hasta que una manifestación de universitarios (as) y funcionarios (as) municipales y prefecturales, en noviembre de ese mismo año, pretendió desalojar por la fuerza a los miembros de la Asamblea con algunos intentos de linchamiento. Existen testimonios filmados y grabados de las agresiones contra las y los constituyentes indígenas. “Se les insultaba, se les agredía, se les echaba basura, agua sucia, se les golpeaba con bates, palos”. Varios de ellos y ellas quedaron heridos y fueron llevados a centros hospitalarios en los que no se les quiso atender, solamente por su condiciones de campesinos, según los reportes de prensa publicados. c) Vejaciones y tortura en mayo de 2008 en Sucre.- Después de los enfrentamientos violentos durante las sesiones de la Asamblea Constituyente, se organizó un acto conmemorativo de efemérides el 24 de mayo en el Estadio Patria de la ciudad de Sucre, al que debía asistir el presidente Evo Morales, con el fin de entregar ambulancias para los municipios rurales, lo que provocó la movilizalización de ciertos sectores de la ciudad que armados de palos, dinamitas, petardos, piedras y otros objetos contundentes obligaron a la Policía y Ejército a replegarse. Los campesinos y pobladores de los barrios de la periferia, que se concentraban en el estadio Patria, para recibir al Presidente fueron obligados a dispersarse en medio de innumerables maltratos e insultos racistas. Al menos 50 indígenas, entre hombres y mujeres, niños y niñas, ancianas y ancianos, refugiados en una vivienda fueron obligados a salir ante la amenaza de incendiar la casa con las víctimas dentro. De ellas, 25 varones jóvenes y adultos fueron tomados como rehenes y obligados a pasar “la calle de la amargura”, la parte superior del cuerpo desnuda, sin abarcas, en tanto recibían golpes, escuchaban los insultos. “Ahora ustedes son esclavos, indios masistas, ahora vamos a ver indios, han llegado a nuestras manos, vamos a llevarlos a la plaza a quemarlos.” Entonces fueron obligados a marchar a la Plaza 25 de Mayo, por más de tres horas, todavía desnudos, renegando del Presidente Evo Morales, de su origen y su cultura. Los forzaron a arrodillarse en frente de la Alcaldía, en presencia de Fidel Herrera, Presidente del Consejo Municipal, la Alcaldesa Aidé Nava y la prefecta Savina Cuellar. Los obligaron a renegar de sus creencias políticas y su cultura, a proferir insultos contra el presidente. La radio y la televisión justificaron el “escarmiento”. d) Masacre de Porvenir, el 11 de septiembre 2008 en Pando.- El 02 de agosto de 2008 Pando fue declarado “Primer departamento de Bolivia libre de latifundio”. El 03 de septiembre, los “cívicos”, bajo la dirección de funcionarios de la Prefectura, atacaron el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), institución clave para los campesinos, lo que significó para el movimiento campesino una amenaza por las tierras obtenidas. La Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) convocó, entonces, a un Ampliado Departamental para el 13 y el 14 de septiembre en Cobija (Capital de Pando). El 11 de septiembre en la madrugada los campesinos se vieron impedidos de llegar hasta la capital de Pando ya que el Servicio de Caminos (SEDCAM), por orden de Leopoldo Fernández, prefecto del Departamento, había cavado zanjas en las dos carreteras que llevan a Porvenir, pasaje obligado para Cobija. Cuando los campesinos superaron el obstáculo obviando las amenazas del Comité Cívico que los insultaba y presionaba, fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego. Fueron heridos dos campesinos y dos funcionaros de la prefectura, situación aprovechada por los medios para incitar a una reacción más violenta que se tradujo en el tiroteo contra los campesinos al borde del río Tahuamanu. Muchos campesinos, incluso mujeres embarazadas, escaparon por el río, otros se internaron en el monte y otros en casas aledañas. Durante una semana, los sicarios los persiguieron. Un total de 13 indígenas y 2 funcionarios muertos, y 50 campesinos/as heridos es el saldo de los sucesos de Pando. Violaciones a las disposiciones del CERD en Cochabamba, Chuquisaca y Pando Los hechos de Cochabamba, Sucre y Pando vulneran la normativa de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, así como muchas normas de los derechos humanos: el asesinato, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, desórdenes o perturbaciones públicas, amenazas, coacción, privación de libertad, vejaciones, tortura y retardación de justicia. Las tres prefecturas de Cochabamba, Chuquisaca y Pando y los gobiernos municipales de Cochabamba, Sucre y Cobija no intervinieron para proteger a las personas agredidas. No se conocen imputaciones formales contra particulares o instituciones por los hechos sucedidos en contra de asambleístas en Sucre. En los tres departamentos se vio un trato discriminatorio en contra de los indígenas y campesinos heridos por parte de funcionarios de los centros médicos que no quisieron atenderlos o lo hicieron negligentemente, según consta en los informes del Defensor del Pueblo. Los procesos iniciados en Cochabamba, a demanda de los familiares, sufrieron la desaparición de pruebas e información que permita la condena de sus autores. Si bien existe una sentencia por la muerte del cocalero Juan Tica Colque, ella está sujeta a apelación ante la Corte Suprema de Justicia. En Sucre, dos de los personajes principales que organizaron, impulsaron y concretaron los hechos de mayo se postularon como candidatos a la elección municipal y prefectural de la región. Uno de ellos salió elegido alcalde pero tuvo que renunciar por el proceso abierto en su contra. El caso Pando es el único que cuenta con cuatro procesos judiciales instaurados. Después de estas confrontaciones entre campo y ciudad marcadas de un racismo manifiesto no se crearon nuevas políticas públicas para superar las brechas abiertas. Hasta hoy día, ni el Estado, ni los órganos competentes han puesto la suficiente atención en las secuelas psicológicas, físicas y sociales que dejaron los hechos de Cochabamba, Chuquisaca y Pando. No existe una política de intervención por parte del Ministerio de la Salud y del Vice – Ministerio de los Movimientos Sociales para atender las personas afectadas en Salud y Salud Mental, lo que provoca en las poblaciones afectadas un sentimiento de abandono. El Instituto de Terapia y Investigación sobre las Secuelas de Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) que ha atendido las personas afectadas en Cochabamba (53 personas), Sucre (250) y Pando (236) ha tenido que constatar que un número importante sufre de ”trastornos por estrés post-traumático, así como estados depresivos y de angustia” y que en varios casos un seguimiento médico es necesario 3. AVANCES Y DIFICULTADES EN LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS a) Situación del Pueblo Guaraní El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Plan Interministerial de Apoyo al Pueblo Guaraní iniciado en 2008, pese a la oposición violenta de hacendados contra funcionarios de gobierno y dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, logró liberar a varias familias guaraníes del sistema de servidumbre y dotó al pueblo indígena de Alto Parapetí con la reversión, a título gratuito y por causal de servidumbre de las haciendas, de los predios de Caraparicito, con una extensión superficial de 15.262,9492 has; la hacienda Buena Vista Isiporenda 4.894,0967 ha. y San Isidro 3.790,0421 ha. Estas tierras pasaron a formar parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Alto Parapetí. Sin embargo, es evidente que la liberación efectiva afronta amenazas que deben atenderse para evitar que el proceso fracase, pues el Plan Interministerial finalizó en 2009 y no hay otro que lo sustituya lo cual repercute en la consolidación efectiva de las tierras y en las acciones de apoyo a la producción y al establecimiento de las condiciones mínimas de vivienda para los comunarios liberados. b) Desarrollo y aplicación del derecho constitucional de consulta de los pueblos indígenas La Ley Nº 50 del Régimen Electoral desarrolló el derecho a la consulta libre previa e informada (garantizado por los artículos 30.15 y 352 de la Constitución Política del Estado). Este derecho se lo ejerce desde el Estado y bajo un procedimiento electoral que activa el Órgano Electoral Plurinacional y cuyos resultados no son vinculantes. En la aplicación concreta de este derecho, regulado todavía por la legislación sectorial para el caso de explotaciones de recursos naturales en territorios indígenas, se ha visto que incluso en los procesos previstos en aquella normativa no se aplica la consulta de forma previa, libre, informada, de buena fe por parte del Estado y obligatoria en lo que respecta a sus resultados y aspectos conclusivos. En referencia a ello, se ha violado este derecho en los casos de la consulta al suyu Pakajaki (La Paz), en la instalación del complejo de explotación de cobre en la mina de Coro-Coro, de la cual se prevé graves impactos socio ambientales. Del mismo modo en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, que atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), partiendo en dos una de las áreas indígenas más importantes del continente. c) Aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional Nº102 La Ley de Deslinde Jurisdiccional, aprobada el 22 de diciembre de 2010, tuvo un importante proceso de consulta previa pero el tratamiento legislativo y las modificaciones inconsultas al texto fueron observadas por algunos pueblos indígenas junto a otros puntos que se resumen: • El marco institucional de la Ley no recoge los instrumentos internacionales de los DD.HH de los pueblos indígenas. Su soporte es sólo el Art. 30 de la Constitución Política del Estado e incorpora algunos principios de corte occidental. • Se excluye del ámbito de su competencia materias que histórica y tradicionalmente fueron de su conocimiento y base de su legitimidad. En este sentido, la justicia indígena conocería casos que sólo involucran a hombres y mujeres (salvo el delito de violación) de entre 18 a 65 años. • Se excluye a los no indígenas por lo cual, la jurisdicción tiene un alcance solamente entre y para indígenas, lo que desconoce que en muchos territorios indígenas sus sistemas incluyen a los primeros quienes además aceptan la norma allí vigente. • Están mencionados los mecanismos de coordinación y cooperación de ésta jurisdicción con las otras existentes en el país pero no se determina en qué consisten ni cómo funcionará. d) El trabajo de defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas.- El trabajo de estas organizaciones se vio afectado por algunas carteras del Gobierno durante las acciones realizadas de defensa legal en procesos penales, el acompañamiento jurídico en la primera fase de desarrollo normativo de la Constitución Política del Estado así como en el acompañamiento a las movilizaciones que impulsaron los pueblos indígenas. Asimismo, algunas organizaciones que defienden los derechos humanos de los pueblos indígenas ven amenazada su capacidad financiera para poder seguir trabajando debido a que sectores del Gobierno gestionan ante la cooperación internacional restringir su apoyo a instituciones de apoyo jurídico que considera “peligrosas” o “enemigas del gobierno”, bajo acusaciones totalmente falsas, lo cual deja en la indefensión a las organizaciones frente al Estado. 4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN En Bolivia, el 93% de los medios masivos son privados, con una estructura accionaria en gran parte ligada a sectores económicos y políticos (terratenientes, banqueros y legisladores) por lo que la función social de la comunicación se diluye en la búsqueda de hegemonías discursivas en favor de intereses económicos y espacios de poder. “La prensa cubrió la violencia y los enfrentamientos ocurridos el 24 de mayo en Sucre, despojándolos intencionalmente de su contenido racista”, dice un informe del Observatorio de Medios, Fundación Unir. Disfrazados de humor, las expresiones racistas se dirigen contra las autoridades indígenas del Estado: “No me extrañaría que los nuevos gobernantes abandonasen a sus cholas y birlochas para unirse a nuevas mujeres más instruidas y finamente perfumadas.” (La Prensa 13-XII-05). Se ha llegado a la arenga con expresiones de: “Collas raza maldita, presidente analfabeto”, “No debemos permitir que el indio de Evo Morales, ni ningún otro indio maldito ponga un pie sobre esta tierra, la vida de él y de otros como él corren peligro si se atreven” (Periodista Jorge Melgar, Riberalta) La detención del periodista por instigación diaria a la violencia provocó movilizaciones de los gremios de periodistas en protesta “contra las violaciones a la libertad de expresión” en lugar de cuestionar esta conducta que mellan a los afectados y a la función periodística. El radialista Luis Arturo Mendivil “los collas, malparidos, engendros de llama en piedra; los aymaras-quechuas son villanos de verdad” y fue condecorado por el Comité Cívico Cruceño por su labor en la prensa. Así es posible dar varios ejemplos de cómo algunos medios y periodistas, fomentan la naturalización del racismo para provocar agresiones contra la dignidad y la integridad de las personas por motivos étnicos y políticos, como ocurrió en Pando ( “Investigación: “La masacre no será transmitida”. Rafael Bautista, 2010) o contra otros periodistas a los que se califica de “cholos masistas” (Agresiones al periodista Wilson García Mérida, (alentadas por el programa televisivo Aló Marianela Montenegro, Cochabamba, 2007). De ahí que la Ley contra el Racismo marque un hito en el país ya que considera el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y opinión con la prohibición a expresiones y apología del odio racial que inciten a la hostilidad o la violencia tanto en las entidades públicas, privadas, escuelas y medios de comunicación. 5. DERECHOS DE LAS MUJERES INDIGENAS a) Las trabajadoras del Hogar.- Actualmente, las mujeres trabajadoras del hogar, constituyen uno de los sectores que más discriminación racial sufre en Bolivia debido fundamentalmente a su origen y ascendencia indígena o afrodescendiente y a su escasa formación. Esta discriminación se expresa de manera frontal y sin ningún tipo de reparos por su cultura, color de piel, vestimenta, e idioma. Son las “esclavas modernas”. Trabajan más horas de lo legalmente establecido, realizan varias actividades al mismo tiempo, no tienen seguro de salud ni derecho a jubilación y su remuneración es mínima en su mayoría por debajo del salario mínimo. Sus empleadores argumentan que este pago incluye la alimentación y la vivienda. La Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia logró obtener la aprobación de la Ley 2450 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar en abril de 2003, pero aún no se tiene una reglamentación en su artículo 9 referido al seguro de salud. El día de la Trabajadora del Hogar, 25 de marzo, que determina un dìa de tolerancia remunerada no es reconocido por los empleadores pese al Decreto 28655. Un importante número de trabajadoras tiene desconocimiento de estas normas y sufre la vulneración de sus derechos. No hay políticas estatales para su cumplimiento. b) Pobreza, migración y racismo.- El ser indígena, tener la piel oscura, el modo de hablar y tener apellido indígena son causantes de la discriminación socioeconómica. El 90% de las personas en condición de pobreza extrema (la cual ha disminuido de un 45% a un 33% entre 200o y 2008) son indígenas rurales, 33,82% son mujeres. La migración de las mujeres indígenas a la ciudad por situación de pobreza genera discriminación racial. Su discriminación es triple: por ser mujer, pobre e indígena). De la misma manera, de los 2,5 millones de bolivianos/as que han migrado a Argentina, EEUU y España, alrededor del 70% son mujeres; gran parte indocumentadas, lo que las expone a condiciones precarias de trabajo, bajos salarios, inseguridad social y violencia por factores étnicos. c) Derechos Políticos de las mujeres indígenas.- Pese al reconocimiento constitucional de los derechos políticos de los pueblos indígenas: elección de sus autoridades y representantes por usos y costumbres; representación en todos los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral y la vigencia de autonomías indígenas como forma de autogobierno, el acceso de las mujeres indígenas a estos espacios de poder y decisión es todavía escaso, y nulo para las afrobolivianas más aún si 55.7% de las bolivianas se autoidentifica como indígena (Encuesta a Viviendas, 2007). Actualmente, de 136 legisladores de la Asamblea Plurinacional (que reúne a senadores y diputados), 46 son mujeres y de ellas apenas 8 son indígenas. De los 36 legisladores 16 son mujeres y sólo 2 son indígenas, mientras que del total de 130 diputados, 30 son mujeres y de ellas apenas seis son indígenas. Las siete representaciones especiales de los pueblos indígenas en la Asamblea son exclusivamente masculinas En el Órgano Ejecutivo, dos de las diez ministras mujeres son indígenas, y hay solamente una viceministra indígena respecto al total de 57 viceministerios. La Paz, febrero de 2011