Cuando la justicia abandona a las mujeres
Otro ejemplo revela una falla estructural aún más grave: la liberación del imputado porque la investigación no avanza dentro de los plazos legales. El debido proceso es un pilar del Estado de derecho, pero no puede convertirse en un premio a la inacción o la negligencia de quienes deben investigar.
En 2025 se registraron 81 casos de feminicidio y 29 infanticidios en Bolivia. En el mismo periodo ingresaron 46.213 denuncias en el marco de la Ley 348. Aunque las cifras muestran una leve disminución respecto a 2024, la violencia es cada vez más cruel. Estos datos deberían obligarnos a una reflexión sobre el papel del Estado frente a la violencia de género y sobre las respuestas que ofrecen sus distintas instancias que, en teoría, debería proteger a las víctimas.
Pero detrás de los números existe otra realidad: la que viven las mujeres que se atreven a denunciar. Para ellas, el proceso judicial no suele ser un camino hacia la justicia, sino una nueva forma de violencia. En lugar de un sistema de protección, encuentran un laberinto de trámites y tecnicismos donde el agresor avanza con comodidad, muchas veces amparado por el propio sistema.
Algunas decisiones judiciales muestran esta crisis. En un caso, se argumentó que, como el imputado se había divorciado de la víctima, la “asimetría de poder” había desaparecido. ¿Desde cuándo un trámite elimina el riesgo de violencia? La psicología forense y la experiencia internacional advierten que el momento de la separación es, precisamente, uno de los más peligrosos para una mujer.
Otro ejemplo revela una falla estructural aún más grave: la liberación del imputado porque la investigación no avanza dentro de los plazos legales. El debido proceso es un pilar del Estado de derecho, pero no puede convertirse en un premio a la inacción o la negligencia de quienes deben investigar.
Como dice el adagio, para muestra basta un botón. La llamada “perspectiva de género” sigue siendo, una consigna vacía. Sin embargo, juzgar con perspectiva de género no es un acto de buena voluntad: es una obligación constitucional que exige reconocer que las mujeres que denuncian violencia no están en igualdad de condiciones frente a sus agresores.
Cuando la justicia prioriza el trámite sobre la vida; cuando se cree que un divorcio elimina el riesgo feminicida, la justicia deja de ser imparcial. Mientras los agresores celebran su libertad sostenida en formalismos, las víctimas siguen atrapadas en el miedo, confirmando que el sistema judicial continúa siendo uno de los pilares más firmes del patriarcado.
LA COLUMNA DE JINKY
JINKY IRUSTA ULLOA
Abogada. Directora de la Oficina Jurídica para la Mujer y la Fundación Kallpa
jinky.irusta@gmail.com
