Según el informe del Observatorio Judicial sobre Derechos Humanos en el Entorno Digital, los marcos normativos y las políticas públicas en Bolivia carecen de estrategias específicas para abordar esta problemática de forma integral.

En el actual contexto de transformación digital, el acceso a Internet y a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se ha constituido en un requisito indispensable para ejercer derechos fundamentales, acceder a servicios básicos y participar de manera activa en la vida pública. No obstante, la distribución desigual de estos recursos ha dado lugar a un fenómeno cada vez más reconocido: la brecha digital, que emerge como una expresión contemporánea de exclusión social.

De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aproximadamente 244 millones de personas en América Latina y el Caribe no cuentan con acceso a Internet, cifra que representa alrededor del 32% de la población regional. Esta carencia tiene implicaciones estructurales, pues limita el acceso a la educación, la salud, la información, la justicia y la participación política, profundizando así las desigualdades sociales, económicas y territoriales preexistentes.

Lejos de ser un fenómeno meramente tecnológico, la brecha digital refleja y amplifica inequidades históricas. Esta no sólo se refiere al acceso material a la conectividad, sino que comprende al menos tres dimensiones interrelacionadas: (i) la infraestructura y calidad del acceso; (ii) las capacidades y competencias digitales; y (iii) la posibilidad de apropiación significativa de las TIC, es decir, la capacidad de traducir el acceso en beneficios concretos en términos de bienestar, desarrollo y ejercicio de derechos.

El Informe sobre Derechos Humanos en el Entorno Digital en Bolivia (InternetBolivia.org, 2023) señala que el Estado boliviano aún presenta deficiencias notables en garantizar un entorno digital inclusivo, seguro y respetuoso de los derechos humanos. Entre los principales desafíos identificados se encuentran la ausencia de políticas públicas sostenidas para reducir la brecha digital, la falta de mecanismos efectivos para proteger la privacidad y la libertad de expresión en línea, y la existencia de barreras estructurales que impiden una participación digital equitativa, particularmente entre mujeres, jóvenes, personas indígenas y poblaciones rurales.

Una de las manifestaciones más evidentes de la exclusión digital es su dimensión de género. Diversos estudios han demostrado que las mujeres enfrentan obstáculos diferenciados tanto en el acceso como en el uso de las tecnologías, debido a factores como la división sexual del trabajo, la brecha salarial, el acoso en línea y la baja representación en espacios tecnológicos. La violencia digital, en particular, constituye una forma de control y silenciamiento que restringe la participación política y social de las mujeres en el ámbito digital.

La falta de políticas con enfoque de género en el desarrollo digital refuerza esta desigualdad. Según el informe del Observatorio Judicial sobre Derechos Humanos en el Entorno Digital, los marcos normativos y las políticas públicas en Bolivia carecen de estrategias específicas para abordar esta problemática de forma integral.

En el marco del enfoque de justicia climática, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que el cambio climático no afecta a todas las personas por igual, siendo sus impactos más graves sufridos por quienes menos han contribuido a su generación. De manera análoga, la exclusión digital priva precisamente a estos mismos sectores —comunidades rurales, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes— de las herramientas que podrían fortalecer sus capacidades de resiliencia y adaptación frente a las crisis climáticas. Así, la exclusión digital se entrelaza con otras formas de vulnerabilidad estructural, limitando el acceso a información ambiental, sistemas de alerta temprana, mecanismos de denuncia y participación en políticas públicas relacionadas con el medio ambiente.

Superar la brecha digital requiere políticas públicas integrales y sostenidas que reconozcan su carácter multidimensional y su vínculo directo con la exclusión social. Algunas medidas clave incluyen:

• La inversión estatal en infraestructura de conectividad, especialmente en zonas rurales y comunidades históricamente excluidas.
• La promoción de programas de alfabetización y formación digital desde una perspectiva intercultural y con enfoque de género.
• La garantía de acceso equitativo a dispositivos tecnológicos y servicios digitales asequibles.
• La implementación de marcos regulatorios que protejan los derechos en línea, incluyendo la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación.
• El fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas digitales.

La digitalización puede y debe ser una herramienta para reducir desigualdades, fortalecer la democracia y ampliar el ejercicio de derechos. Sin embargo, mientras persista una brecha estructural que impide a vastos sectores de la población conectarse, ejercer y apropiarse de las tecnologías, la transformación digital corre el riesgo de convertirse en un nuevo campo de exclusión y dominación. Por tanto, es urgente incorporar una perspectiva de derechos humanos, justicia social y justicia digital en toda política que pretenda construir una sociedad más equitativa e inclusiva.

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Fuente: https://guardiana.com.bo/opinion/la-brecha-digital-como-nueva-forma-de-exclusion-social/