La aplicación de leyes y regulaciones sólidas, así como el establecimiento de incentivos para la adopción de prácticas sostenibles, son herramientas importantes para fomentar el comportamiento responsable por parte de las empresas.

La influencia de las empresas en la configuración del panorama global es innegable. Sus actividades tienen repercusiones significativas que van más allá de sus operaciones comerciales directas, por ello el monitoreo desde el enfoque de derechos es necesario. A medida que el mundo avanza hacia una mayor conciencia de la sostenibilidad y la justicia social, el escrutinio sobre el impacto de las empresas en estos ámbitos se intensifica.

El impacto de las empresas en los derechos humanos es diverso, afecta, por ejemplo, en las condiciones laborales en las cadenas de suministro, la explotación infantil, la discriminación laboral y la violación del derecho a un medio ambiente saludable, entre otros problemas. Las comunidades locales se ven afectadas por las operaciones de las empresas, con impactos negativos en su acceso al agua, la tierra y otros recursos naturales. Innumerables casos de abusos de derechos humanos por parte de empresas han generado una creciente presión por parte de la sociedad civil y los organismos internacionales para responsabilizarlas por sus acciones.

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas establecen un marco para que las empresas respeten, protejan y reparen los derechos humanos en el contexto de sus actividades comerciales. Según éstos, los Estados tienen tres responsabilidades principales:

• Proteger: Deben proteger a las personas contra los abusos por parte de las empresas, mediante la adopción de leyes y políticas que prevengan violaciones y aseguren una respuesta efectiva.
• Respetar: Los Estados deben respetar los derechos humanos en sus propias actividades empresariales y exigir a las empresas nacionales que respeten estándares internacionales en operaciones en el extranjero.
• Remediar: Tienen la responsabilidad de garantizar que las víctimas de abusos por parte de empresas tengan acceso a remedios efectivos, ofreciendo recursos judiciales y no judiciales accesibles, y asegurando la rendición de cuentas empresarial.

Para abordar los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos, se requiere una acción colectiva de diversos actores. Las empresas pueden implementar políticas de responsabilidad social corporativa que incluyan salvaguardias para los derechos humanos, ello implica realizar evaluaciones de impacto, consultar a las comunidades afectadas y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Los Estados también tienen un papel fundamental en la regulación de las actividades empresariales para garantizar que respeten los estándares internacionales de derechos humanos y protección ambiental. La aplicación de leyes y regulaciones sólidas, así como el establecimiento de incentivos para la adopción de prácticas sostenibles, son herramientas importantes para fomentar el comportamiento responsable por parte de las empresas.

Por su parte, la sociedad civil tiene un rol fundamental al exigir la rendición de cuentas y promover la conciencia pública sobre los impactos de las empresas.