Hace meses el gobierno anunció con bombos y platillos que se harían cambios a la Ley 348 contra todo tipo de violencia hacia la mujer. Anunció mesas de diálogo para recoger sugerencias para las reformas; participación de organizaciones de mujeres para incorporar aspectos que esta norma no contempla o descuida. Sin embargo, no se pasó de la promesa y hasta la fecha no se conoce ningún avance.

Nada detiene la furia feminicida. Hace pocos días se anunció que el país llegó a la víctima número 100 en este año, y apenas conocida la noticia, se produjeron dos asesinatos más. Una verdadera e interminable masacre.

Ya son seis años en los que la cifra de feminicidios no baja del centenar. Hubo 110 en 2015, 111 en 2016, 109 en 2017, 128 en 2018, 117 en 2019 y 113 en 2020.

La naturaleza de las muertes es difícil de catalogar, pues los verdugos eligen todo tipo de violencia y agresiones para dar fin con sus víctimas; el objetivo siempre es el mismo, aleccionarlas, acabando con ellas de las formas más brutales. No tiene caso repetir que casi siempre estas mujeres  mantenían o mantuvieron algún tipo de relación con su victimario -eran sus parejas o exparejas-; tampoco que en la mayoría de los casos,  habían denunciado antes a sus agresores y nada se había hecho contra el círculo de violencia.

Tampoco parece ser efectivo reiterar que aunque las evidencias son contundentes, nada hace que la administración de justicia mejore en el tratamiento de las denuncias, ni que las fuerzas del orden puedan evitar la revictimización de las mujeres, cuando ellas evidencian el maltrato.

Parece que sólo nos ocupamos de las cifras, de un recuento que nunca termina y que hace que se naturalice esta depredación .

Hace  meses el gobierno anunció con bombos y platillos que se harían cambios a la Ley 348 contra todo tipo de violencia h

acia la mujer. Anunció mesas de diálogo para recoger sugerencias para las reformas; participación de organizaciones de mujeres para incorporar aspectos que esta norma no contempla o descuida.  Sin embargo, no se pasó de la promesa y hasta la fecha no se conoce ningún avance. ¿Qué es lo que sucede?, ¿falla la ley, falla el sistema de administración de justicia, falla el Estado en su papel de garante de la vida de las personas, fallamos todos?

Se puede decir que desde la aprobación de la Ley 348 se han dado  avances, por lo menos si se compara esta norma con las que la antecedieron. Empero, como suele pasar en el país, por muchas virtudes que tengan las leyes, quedan en el tintero, y su implementación y apropiación ciudadana es casi nula.

Aunque la violencia hacia la mujer tiene raíces estructurales que deben ser combatidas sistemáticamente, los Estados tienen la obligación de evitar que las muertes de mujeres se naturalicen y normalicen en medio de su indiferencia e inoperancia. Es preciso  exigir al actual gobierno que, una vez más, pase del discurso de palestra a algún tipo de acción concreta en defensa del elemental derecho a una vida segura y digna para todas las mujeres bolivianas.

No podemos cansarnos de denunciar e interpelar a las autoridades para que hagan algo para proteger los derechos de la mujer y para que el registro de sus muertes deje de ser una cifra que nos acompaña día a día.