La ley en Bolivia no reconoce los linchamientos, aunque se trata de una práctica muy utilizada en nombre de la justicia comunitaria.

La justicia a mano propia es un debate irresuelto, defendida por víctimas de crímenes, juntas vecinales y organizaciones sociales rurales, peor repudiada por algunas autoridades cuando se aplica de forma desmedida y, peor aún, sin la certeza de la culpabilidad de quienes la reciben.

Según el abogado y analista Alain Rocha, quien dedicó los primeros años de su carrera a prestar servicios legales en comunidades del Valle Alto de Cochabamba, este debate también se aplica en los rincones más abandonados del departamento, sitios en los que por semanas no se nota la presencia policial ni para hacer patrullajes.

"Es complicado para los comunarios tomar decisiones, y más al calor de las peleas y discusiones que se generan tras intentos de robo y otros ilícitos, en los que suelen capturar a los involucrados. Por lo general, hay incitadores, que no siempre suelen ser dirigentes, sino simplemente personas que en elemento alzan la voz y alientan a los demás a ser cómplices de esos actos de violencia", indica.

La justicia a mano propia es una modalidad de administración de justicia que se constituye con el conjunto de instituciones y procedimientos mediante los cuales un grupo social tramita sus conflictos de manera acorde con su identidad, independientemente del sistema jurídico estatal.

Para que se aplique la justicia a mano propia es necesario que haya administración de justicia y que haya comunidad. Si falta alguna de las dos, estaremos frente a otro tipo de situación. No será administración de justicia si se gestionan conflictos sin procedimientos y normas derivadas del ámbito social específico. No contemplará la comunidad si el ámbito social en el que se inscribe la gestión no considera dinámicas de identidad y pertenencia.

En Bolivia y algunos otros países andinos, se denomina justicia a mano propia a instituciones de derecho consuetudinario mediante las cuales se sancionan conductas que se entienden reprobables y se gestionan conflictos con capacidad regulativa en un ámbito social comunitario, sin la intervención del Estado y, en algunos casos, ni su burocracia.

Rocha explica que, según algunos abogados, la justicia comunitaria es un sistema autogestionado, debido a que quienes la ejercen implantan las normas que se les aplican. Es además consensual, ya que no se rige por el principio de mayoría sino por el de consenso. En algunas comunidades del Trópico boliviano, por ejemplo, uno de los castigos suele ser amarrar a las personas al "palo santo" por un tiempo determinado.

LINCHAMIENTO

"Mediáticamente la justicia comunitaria se confunde con el linchamiento. El linchamiento no es justicia ni es comunitaria. No tiene procedimientos para la toma de decisión ni se soporta en las normas comunitarias. En realidad son actos contra la justicia comunitaria porque desconocen también la institucionalidad comunitaria para la administración de justicia", apunta, haciendo referencia también al caso recientemente ocurrido en el municipio de Vacas, del Valle Alto cochabambino.

En ese sentido, asegura que para la aplicación de este tipo de justicia en las comunidades debe haber previo consenso, una especie de asamblea previa en la cual se evalúe los sucesos e incluso se escuche la versión de todas las partes implicadas, de este modo también se estarían evitando confusiones.

"La justicia comunitaria no debe comprenderse únicamente a partir de movimientos que se están adelantando alrededor de la transformación del Estado. Las comunidades no son un simple material sobre el que esculpen los actores externos a ellas. Ellas toman, al menos, uno de dos caminos para el establecimiento y sostenimiento de figuras de justicia comunitaria. De un lado, pueden desarrollar, con cierta autonomía, instituciones e instancias propias de gestión y regulación de los conflictos. Del otro, asumir, surtir y desarrollar, en su seno, figuras de administración de justicia creadas por el Estado para el manejo de un cierto rango de conflictos", detalla.

La ley en Bolivia no reconoce los linchamientos, aunque se trata de una práctica muy utilizada en nombre de la justicia comunitaria.

A momento de presentar a los presuntos instigadores para el linchamiento de los dos jóvenes en el municipio de Vacas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, repudió los actos y manifestó que no se trata de justicia comunitaria, sino más bien de asesinato. Agregó que cualquier irregularidad o sospecha debe ser reportada a las autoridades policiales.

Según un estudio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), decenas de personas mueren linchadas cada año en Bolivia, ante la falta de justicia y los delitos que quedan impunes. En la mayoría de los casos se trata de presuntos delincuentes, quienes son quemados, golpeados y colgados por turbas enardecidas en regiones rurales y urbanas de Cochabamba, La Paz, El Alto, Oruro y Santa Cruz, donde observamos estas ejecuciones son producto de la impotencia del pueblo que no encuentra justicia ni seguridad policial.

Muchos habitantes de zonas rurales, confunden la justicia comunitaria con el linchamiento, creen que hacer justicia por mano propia es parte de la justicia comunitaria. Por eso cuando suceden estas ejecuciones siempre va seguido de la impunidad, por el silencio cómplice de los testigos.Las autoridades bolivianas han explicado durante años a los indígenas, campesinos y ciudadanía en general que la justicia comunitaria no tiene que ver con los ajusticiamientos de presuntos delincuentes y que los linchamientos son penados por la justicia ordinaria.