La representación de la ONU en Bolivia debe seguir de cerca la situación de los ex mandatarios

Es abominable que el presidente Evo Morales haya acusado de “delincuentes confesos organizados en sindicato para defenderse” a cuatro ex mandatarios a los que pretende hacer un Juicio de Responsabilidades. Con esto ha desprestigiado su propia investidura, ha hecho que los bolivianos sientan empatía por los acusados y pongan en duda al sistema judicial. Evo insultó a los ex presidentes Eduardo Rodríguez, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas por presentar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un documento que decía que el proyecto de ley de Juicios de Responsabilidades, que se debate en el Congreso, debe ser corregido ya que viola los derechos humanos, contraviene la Carta Magna y tratados internacionales. Y que, en caso de ser acusados por cometer delitos contra el Estado, se los juzgue por un tribunal imparcial. Esto, porque Evo ha nombrado a dedo a los magistrados del Poder Judicial, haciendo un abuso de poder. Con esto no podrían tener un juicio justo. Lo absurdo de la inculpación es que Evo la hizo antes de que los acusados sean escuchados en un juicio; en éste, pretenden aplicarles leyes retroactivas sin derecho a apelación. Dichos juicios son arbitrarios ya que muestran un claro interés político. Es un ajusticiamiento político y jurídico. Una cacería de brujas. Es una venganza política, ya que Evo dijo que todos—menos Rodríguez— lo acusaron y procesaron cuando era parlamentario. Prueba clara de que estos juicios son políticos, es que las acusaciones son inconsistentes. Los ex mandatarios actuaron dentro del marco constitucional. Y prueba de su inocencia es que éstos no han abandonado el país, como lo han hecho muchas ex autoridades. Morales es el prototipo del personaje maniqueo que quiere anular a cualquier opositor y potencial contendor. Además, pretende destruir todo lo anterior a su gestión. El representante de la ONU en Bolivia, Denis Racicot, afirmó que los ex presidentes tienen todo el derecho a la recusación o exclusión, en caso de que el eventual tribunal que los juzgue esté integrado por ministros nombrados por Evo. Y ha señalado que su oficina monitorea la situación. Es recomendable que haga un seguimiento y se pronuncie ante dicha injusticia. Lo más probable es que, ante la manipulación de la justicia por el actual gobierno, los ex dignatarios de Estado recurran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica o al Comité de Derechos Humanos de la ONU para que el Estado boliviano respete los tratados internacionales suscritos. * Verónica Ormachea