Zongo inaugura un camino diferente para la justicia indígena, un camino que implica superar las brechas que aún les impone el Estado, pero al mismo tiempo, de creación institucional y fortalecimiento interno para reconstituir el derecho indígena

Nuestra Constitución reconoce a la jurisdicción indígena en igualdad de jerarquía que la jurisdicción ordinaria (Art. 179.II), no obstante, el ejercicio efectivo de la justicia indígena en Bolivia ha sido todo un desafío para los pueblos indígenas, ello debido a las condiciones de desigualdad en la que se desenvuelven las jurisdicciones.

Uno de los casos más emblemáticos, es el del empresario minero Ing. J. Oscar Bellota Cornejo quien mereció la sanción de expulsión, en junio de año 2010, mediante una resolución de la justicia indígena de Zongo, distrito rural 23 del municipio de La Paz. La resolución de la justicia indígena señala que el empresario se apropió indebidamente de los terrenos de la comunidad, que cometió abusos contra los trabajadores y comunarios, y ocasionó daños al medio ambiente. Según testimonios de los abuelos, llegó a comprar terrenos hasta por el valor 20 bolivianos.

Este empresario inició labores mineras en el lugar desde el año 1975 y se afilió como miembro de una de las comunidades de Zongo el año 1979. Como afiliado tuvo mucho poder e influencia en el sector por medio de uso de la justicia penal para encarcelar a los comunarios que se oponían.

Tras la decisión de expulsión las autoridades indígenas comienzan a ser procesadas penalmente a denuncia del empresario minero: “Estoy privado de libertad, encarcelado, sin que haya respetado Leyes que disponen las jurisdicciones establecidos” esto escribió en una carta Gerardo Poma Canqui, el 13 de marzo de 2013, mientras estaba detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro. Él fue una de las cuatro autoridades detenidas, así mismo, otras 40 autoridades y miembros fueron procesados por diferentes delitos denunciados por el empresario minero. Antes esta situación, las mujeres de Zongo, esposas de los detenidos y procesadas, a la cabeza de Marcela Quisbert Pilco comenzaron una lucha legal para sacar a sus autoridades de la cárcel y evitar más detenciones. Es así, como estas autoridades comienzan a activar todas las acciones y recursos que les ofrece la Constitución para defender sus derechos como justicia indígena.

El 15 de octubre de 2012 las autoridades indígenas interpusieron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una consulta sobre la aplicabilidad de sus normas a un caso concreto. Le consultaron al TCP si es constitucional y aplicable la sanción de expulsión del minero. Más tarde una comisión de justicia de Zongo promovieron un conflicto de competencias pidiendo al Juez de Primero Instrucción en lo penal de la ciudad de El Alto se aparte del caso, toda vez que el caso corresponde a la justicia indígena.

El TCP, tras un estudio pericial, emitió la Declaración Constitucional 0006/2013 de 5 de junio de 2013, que resolvió la aplicabilidad de la decisión comunal de expulsión y desalojo del empresario minero. Casi un año después el TCP emite otra sentencia constitucional (874/2014 de 12 de mayo de 2014) en la que dispone que la jurisdicción indígena de Zongo es la competente para resolver el caso del minero. De acuerdo con lo anterior, quedó establecido que desde ese momento en adelante, la competencia del caso es de la justicia indígena, y que es constitucional su decisión de expulsión.

Tras estos fallos, las autoridades indígenas de Zongo convocaron al empresario minero, sin embargo, éste no se presentó, y, al contrario, inició un nuevo proceso penal contra las autoridades indígenas, quienes, a su vez, vuelven a plantear un conflicto de competencias, resultado del cual nuevamente se declara competente a la justicia indígena (SCP 0036/ 2018 de 24 de septiembre).

En todo ese tiempo, el empresario no ha parado de explotar la mina y continuaron las amenazas contra los comunarios. Esta situación llevó a las autoridades indígenas a emitir una resolución final del caso, se buscó que no sólo se cumpliera la sanción dentro de su jurisdicción, sino que también las autoridades del Estado cumplieran la decisión de expulsión. Para ello, se conformó un consejo de justicia que convocó nuevamente al empresario minero. A esta convocatoria tampoco se presentó Oscar Bellota C.

Finalmente las autoridades  indígenas emiten la Resolución 001/2019 del 21 (La Razón de 26/09/2019), la misma dispone que las instituciones estatales cooperen con la ejecución de la sentencia de expulsión del minero, disponiendo que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Ministerio de Minería dejen sin efecto la concesión minera, además de otras órdenes a otros ministerios, Policía Boliviana, notarios, entre otros, para que cooperen y coadyuven con la decisión de la justicia indígena. No obstante, lo anterior, nadie obedece a los jueces indígenas. La Policía Boliviana a la cabeza de su comandante departamental responde que los indígenas de Zongo “no tienen competencia”. Otras les piden a los jueces indígenas esperar sin resultado alguno.

En este lapso, el empresario interpuso una acción de amparo constitucional en contra de las autoridades de Zongo denunciándoles por supuesta vulneración a sus derechos humanos y pidiendo que se anule la Resolución 001/2019. Ahora las autoridades de Zongo tienen el desafío de demostrar que sí se respetaron los derechos humanos del empresario minero.

El 23 de septiembre, notificadas por medio de mensajes de WhatsApp, las autoridades indígenas de zongo se sientan frente a una pantalla de computador para asistir a la audiencia virtual de amparo constitucional interpuesto por el empresario minero.

Tras cuatro horas de audiencia, la presidenta y el vocal de la Sala Cuarta Constitucional, resuelven denegar  la tutela al empresario estableciendo que no hubo vulneración de sus derechos y dejando subsistente la Resolución 001/2019 de la justicia indígena de Zongo. En ese momento las autoridades indígenas se abrazan y lloran de alegría. Habían pasado diez años desde que decidieron expulsar al empresario minero en el marco de la justicia indígena ¡Ahora sí! Dice la mamá autoridad del consejo de justicia Eusebia Zambrana y la mamá amawta Marcela Quisbert, entre lágrimas, recuerdan que varias exutoridades y comunarios murieron siendo procesados por causa del empresario minero.

Ahora las autoridades de Zongo inician la ejecución de la sanción de expulsión. Todavía tienen mucho camino por recorrer hasta lograr que las instituciones del Estado respeten sus resoluciones. Zongo inaugura un camino diferente para la justicia indígena, un camino que implica superar las brechas que aún les impone el Estado, pero al mismo tiempo, de creación institucional y fortalecimiento interno para reconstituir el derecho indígena. Tienen el desafío de ejercer la justicia para garantizar los derechos humanos de sus miembros y defender sus derechos colectivos, entre ellos el territorio y el autogobierno, demandadas históricamente por litigantes indígenas como Santos Marka T’ula y los caciques apoderados (1928-1933). La justicia indígena se está convirtiendo en un espacio de lucha por los derechos asimismo y se convierte en una jurisdicción con competencia para resolver casos complejos, generando nuevas resoluciones que, con el tiempo, esperamos que sean un referente de cambio de la administración de justicia en nuestro país.