El editorial del periodico Cambio dedica su editorial a la aprobación de la ley contra el racsimo y toda forma de discriminación, señalando que ella es concordante con la CPE, la que en su Art. 14 dispone que el Estado prohibe y sanciona la discriminación

La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación —que anoche se aprobaba el Senado del Estado Plurinacional— ha desnudado una reacción desproporcionada por parte de sectores políticos conservadores, de propietarios de medios de comunicación y de algunos sectores de la prensa que suponen que la vigencia de esa norma “atentará” contra la libertad de expresión, consagrada en la Constitución Política del Estado y base fundamental de la democracia. No obstante, quienes se oponen a la ley antirracismo deliberadamente olvidan que la democracia señala que ningún derecho es ilimitado y la libertad de expresión no es la excepción. Por eso es importante la delimitación legal y constitucional, porque no es admisible confundir el principio universal de la libertad de expresión con el insulto, la mentira, la diatriba, el racismo y la discriminación. Se trata de un derecho tan sensible en sus consecuencias públicas que requiere que lo que se transmita sea respetuoso con los derechos de los demás y, sobre todo, que sea cierto. En este contexto, esos límites constitucionales son de obligatorio cumplimiento, y quienes administran medios de comunicación y los periodistas que trabajan en ellos deben asumir que sus escritos u opiniones pueden causar daños irreparables a terceros si el ejercicio de esa libertad constitucional no va acompañado de la responsabilidad que ello representa. Es que los medios de comunicación no sólo están sujetos a sus normas de ética y a la autorregulación, sino a ejercer la libertad de expresión en el marco del respeto al derecho, al honor, a la dignidad, a la intimidad y a la imagen de las personas, sean éstas naturales o jurídicas. Y si la Ley Contra el Racismo establece que el medio de comunicación que autorice y publique ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas, y en casos extremos con la suspensión de su licencia de funcionamiento, sujeto a reglamento, es necesario precisar que la propia Constitución Política del Estado, en su artículo 14, inciso II, señala que “el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”. Es decir, si los derechos reconocidos por nuestra Carta Magna son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, y que el Estado tiene la obligación de promoverlos, protegerlos y respetarlos, concluiremos en que el racismo es una práctica que atenta contra la integridad y la dignidad de las personas y que de ninguna manera debe ser tolerado, así se manifieste bajo el paraguas de la libertad de expresión, tal como ocurrió en reiteradas oportunidades en el pasado reciente. Hoy Bolivia vive un tiempo de una histórica transición política, donde las máscaras verbales usadas prolíficamente por la televisión, la radio y la prensa escrita en muchos casos encubren la realidad y, como diría el escritor uruguayo Eduardo Galeano, “mienten por lo que dicen y mienten más por lo que callan”. Según el analista Idón Moisés Chivi Vargas, vivimos en un país donde la realidad es una y lo que dicen los medios es otra, el racismo mediático es pariente cercano del racismo político, se construye así un país donde las paradojas tienen la perversidad de mostrarnos el mundo al revés, en el que democracia es cuando manda la minoría política y dictadura es la que manda con mayoría social; democracia es la del mercado salvaje donde sólo se salvan los que pueden y los que tienen con qué, y dictadura es la búsqueda de una sociedad de iguales; democracia es golpear impunemente al indio, mestizo o intelectual progresista, y dictadura es cuando el indio, o el mestizo o el intelectual progresista no se deja; democracia es el fracaso de mecanismos deliberativos para la solución de crisis históricas y dictadura es el éxito de estos mecanismos. En ese mundo al revés, democracia es el entreguismo infame de la nación a las transnacionales y dictadura es la recuperación de esos recursos para la nación; democracia es ser cómplice de las transnacionales y dictadura es no serlo; democracia es ser cómplice de jueces corruptos y dictadura es justicia para todos; democracia es proteger los privilegios de poderosos y dictadura es no hacerlo. Democracia es ser dueño privilegiado del Estado y dictadura es que el Estado sea de la nación toda; democracia es mentir y dictadura es decir la verdad; democracia es el racismo exacerbado del blanco y dictadura es la diversidad de colores; democracia es la justificación mediática de la violencia racial y dictadura es preservar la paz social. Es que la democracia señorial se sustenta en el color de la piel, en el racismo más simple y a la vez más grosero y perverso. El mundo al revés. Por eso, quienes expresan racismo al amparo de la libertad de expresión —una minoría oligárquica, dueños de medios de comunicación y algunos periodistas— y arremeten contra una ley surgida en el seno de los secularmente marginados, olvidan que Bolivia tomó la decisión de descolonizarse y poner las cosas en su exacto lugar, como acertadamente señala Chivi Vargas. Es que la democracia que se edifica desde abajo hacia arriba no admite el racismo disfrazado de libertad de expresión. Quienes expresan racismo al amparo de la libertad de expresión y arremeten contra una ley surgida en el seno de los secularmente marginados olvidan que Bolivia tomó la decisión de descolonizarse y poner las cosas en su exacto lugar.