La Red contra el Racismo y Discriminación emitió este comunicado sobre el proyecto de ley, en el que se plantea la necesidad de un debate profundo sobre la responsabilidad de los medios mas alla de la ley contra el racismo y la discriminación y de las posibles modificaciones que puedan incorporarse al cuestionado art. 16 .

Ante la convocatoria de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados en abril del presente año, cerca de 300 instituciones de la sociedad civil en ocho departamentos, asumimos el reto de analizar y aportar al proyecto de Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación. El artículo 16 referido a los medios de comunicación ha sido el centro de la discusión, y más allá de estar en desacuerdo o no con su formulación, misma que remite a una reglamentación o en su caso una ley especial que sin duda sería el marco mas adecuado para una discusión profunda al respecto, se ha perdido de vista que el mismo nace de una demanda de la sociedad civil, por una mayor responsabilidad en el manejo de contenidos en los Medios, pues varios contradicen sus código de ética, los principios de la Ley de Imprenta, y derechos fundamentales, lo que no significa negar el gran aporte que también muchos realizan a nuestro país y a la democracia. Decir que el tema se reduce a una estrategia gubernamental no responde a la realidad, hay un tema de fondo que hace a la responsabilidad de los medios, porque este artículo puede cambiarse, mejorarse o hasta eliminarse, pero abordar el tema es una demanda social. El impacto de la difusión de medios es tan importante que no puede dejarse únicamente a la voluntad de regulación del gremio periodístico y especialmente empresarial, que no actualiza su regulación, contando con una Ley de Imprenta que fue preparada para medios impresos en los años 20, pero rige forzadamente para medios de comunicación audiovisual y radiales, cuando las características del quehacer mediático noticioso no son las mismas y establecen sanciones pecuniarias inaplicables en la práctica. Hechos pasados dan cuenta del uso de los medios de comunicación en la incitación a la violencia, odio e intolerancia, en nuestro país y en diferentes partes del mundo, sin mencionar los casos que tienen que ver también con el cotidiano y las otras formas de discriminación contra la mujer, contra grupos GLBT, discapacitados, ancianos/as, jóvenes, niños y niñas. Las referencias a la libertad de expresión estos últimos días se han politizado demasiado, dando a conocer interpretaciones que la hacen ver como un derecho ilimitado, sin duda valioso y fundamental en democracia, pero que debe respetar los derechos de otros. Si bien es cierto que en esta temática intervienen intereses sociales, económicos y políticos, los derechos de la ciudadanía están por encima de fueros sectoriales, y cuando éstos son los afectados, debe existir alguna acción que pueda utilizarse, sea en el campo ético, administrativo y/o judicial pero que sea realmente efectivo. Reiteramos, la difusión de mensajes racistas y discriminadores y el reforzamiento de actitudes y prácticas discriminadoras en varios medios masivos de comunicación se producen y esas prácticas no pueden continuar y por tanto, deberían sancionarse por el mecanismo pertinente ya que la auto regulación no lo hace o caso contrario se debería asumir el reto de que esa vía realmente funcione. También se ha perdido de vista que el proceso seguido por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la elaboración del proyecto, fue abierto y fue público, como deberían ser todos, el anteproyecto fue presentado en conferencia de prensa y estuvo a disposición en sus posteriores versiones en la referida Comisión, se recibieron diversas propuestas, se realizaron talleres de socialización en todos los departamentos, se realizaron audiencias públicas a las que se invitó a través de los medios de comunicación, se realizaron sesiones de puertas abiertas y se escuchó a todos y todas quienes acudieron a la convocatoria hecha por la Comisión, tal vez para muchos esto resulte aun insuficiente pero creemos que es mucho más que lo que otros procesos han seguido hasta ahora. En el proceso de socialización del Proyecto de Ley, se convocó a las organizaciones de periodistas y si ahora es que se suman al debate de esta ley, así como cualquier otro sector que no lo hizo antes, es urgente, necesario e importante, para contar con una Ley consensuada, pero ello no debiera implicar desmerecer un proyecto que aún esta en revisión y construcción, de la forma que se lo está haciendo, desconociendo todos los aspectos positivos que contiene, principalmente en lo que hace a la prevención en materia de educación, comunicación, información, políticas públicas, capacitación, concientización, etc. También se desconoce que esta ley no solo penaliza sino que busca vías alternativas más rápidas y efectivas para la víctima, como la ética, la disciplinaria - administrativa y la constitucional. Por último sería saludable que más allá de esta ley los profesionales y los empresarios de la comunicación, abran un debate y "reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, públicos y privados, en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación", al que sin duda todos los sectores nos sumaremos. Tienen la palabra !!! .