Tres expertos identificaron al menos cinco deficiencias en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones que impulsa el Gobierno, pero destacaron su alcance solidario. Los retos, mencionaron, son mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones y aumentar la cantidad de aportantes.

El Órgano Ejecutivo propone una nueva reforma al sistema de pensiones que —entre otras cosas— establece el manejo estatal de los aportes, crea un fondo solidario para incrementar las rentas bajas y reduce la edad de jubilación a 58 años. El primer defecto encontrado a la propuesta es la administración de los aportes laborales por una Gestora pública, en lugar de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). “Ello implicaría que probablemente se politice la parte de la administración, se deslinde un concepto técnico en la misma y debamos buscar cómo velar por los intereses de los afiliados”, afirmó el ex viceministro de Pensiones, José Luis Pérez. Para el analista económico Gonzalo Chávez, la iniciativa significa “un secuestro de los recursos de los bolivianos” que, además, “coarta la libertad de la gente de decidir dónde colocar sus ahorros, lo mejor habría sido abrir una AFP pública y dejar las AFP privadas mejor reguladas”. “Lo que ha ocurrido históricamente en el pasado es que cuando el Estado tiene a su alcance tremenda cantidad de recursos, tarde o temprano, les mete mano”, recordó el ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, Alberto Bonadona. Añadió que el carácter universal que plantea la nueva ley, asociado al fondo solidario, es otro de sus defectos. “La oferta es universal, (pero) cuando haces los cálculos no hay forma de que lo sea (...). Más se está hablando de toda la gente que vive en el campo, del sector informal, se está hablando de alrededor de 4 millones de personas que podrán ser beneficiadas con el sistema”, aseveró. A decir de Chávez, el fondo solidario es un elemento positivo porque brinda la posibilidad de “hacer una cobertura más amplia”. Pérez también destacó su creación. “Estoy de acuerdo con que se pueda apoyar a que las rentas de las personas puedan mejorar (...). Es un aspecto fundamental tratar de disminuir la pobreza que existe”, manifestó. Para financiar ese mecanismo, el Gobierno propone un aporte patronal del 3%, un aporte laboral adicional del 0,5%, el 20% de la recaudación por riesgos previsionales (muerte, accidentes y otros) y el aporte de personas dependientes y naturales con altos ingresos (arriba de Bs 13.580). El descuento a los grandes salarios es, según Bonadona, el tercer desacierto de la propuesta. “Se introduce un sistema equivalente al de los impuestos pero que es progresivo, es decir, que grava más a la gente con más dinero. Sin embargo, (el mismo) no va a ser universal”, explicó. Según Chávez, la reducción de edad “es otro error” (el cuarto). “Eso es no aprovechar el capital humano que tiene el país, hay mucha gente que puede contribuir”, expresó. Finalmente, para el ex viceministro de Pensiones la reforma en sí misma es otra falla, porque “todo cambio siempre genera algunos desajustes en función de lo que ya se está ejecutando y lo que se había avanzando. Nuevamente el tema de incertidumbre se va a apoderar de quienes tengan una relación de trabajo”, sostuvo. Pérez mencionó que el Estado tiene el desafío de “armar un gran portafolio de inversiones (para los aportes) que garantice buenas tasas de interés, incentive a los aportantes y los conduzca a creer en el sistema”. De esa manera, complementó, más personas —entre ellos los independientes— aportarán. Bonadona dijo que también será un reto dirigir mayores inversiones hacia el sector privado. LAS AFP MANEJAN BS 34.828,5 MILLONES Datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP) dan cuenta que el patrimonio acumulado en el Fondo de Capitalización Individual (FCI), al 31 de junio de este año, llega a Bs 34.828,5 millones. De esa cifra, Bs 16.464,7 millones están en manos de la AFP Futuro de Bolivia y Bs 18.363,7 millones son administrados por BBVA Previsión. Asimismo, información del ente regulador muestra que hasta esa misma fecha los afiliados al Seguro Social Obligatorio son 1.309.247.