GINEBRA—La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, recibió con agrado este viernes la histórica decisión del máximo tribunal de justicia de Bolivia, que condenó a dos ex ministros y cinco altos jefes militares por su participación en la muerte de más de 60 personas durante las protestas antigubernamentales de 2003, y remarcó lo que describió como ―una muy saludable y acelerada tendencia en dirección al combate de la impunidad de larga data‖ en América Latina.

―Felicito a la Corte Suprema de Bolivia por su decisión, por haber dado un importante paso en la lucha contra la impunidad‖, dijo Pillay. ―También insto al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuadas reparaciones y compensaciones‖. En lo que vino a denominarse como ―Octubre Negro‖, 69 personas resultaron muertas y unas 450 heridas cuando, en un período de varios días, los soldados dispararon repetidamente a multitudes que protestaban contra el plan del gobierno de exportar gas por puertos chilenos. Después de un juicio que duró dos años, y que enfrentó numerosos obstáculos, cinco jefes militares fueron sentenciados esta semana a penas de prisión de 10 a 15 años, mientras que los ex ministros de Desarrollo Sostenible y de Trabajo fueron sentenciados a tres años cada uno. El presidente de Bolivia en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, y otros dos ministros, huyeron a Estados Unidos poco después de los acontecimientos, y actualmente son objeto de solicitudes de extradición. Luego, varios de los ex ministros y otros militares también huyeron del país. ―Saludo esta señal que da otro país latinoamericano, de que la impunidad por las violaciones de los derechos humanos del pasado no seguirán siendo toleradas‖, dijo Pillay. ―Uno tras otro, los países de América Latina han estado demostrando al resto del mundo que es posible no sólo pasar de la dictadura a la democracia, sino también hacer justicia – sin importar cuán poderosos o influyentes puedan ser aquellos responsables de las violaciones de derechos humanos, e independientemente de su condición de civiles o militares‖. 2 COMUNICADO DE PRENSA ―Espero que esta tendencia continúe y tome aún mayor fuerza‖, añadió, citando, como ejemplos, recientes acontecimientos en Argentina, Uruguay, Guatemala y Colombia. ―Aquellos que llevan a cabo torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de este tipo en otros continentes, harían bien en reflexionar sobre esta muy saludable y acelerada tendencia hacia la lucha contra la impunidad de larga data en América Latina‖, dijo la Alta Comisionada. En Argentina, hasta finales de 2010, 110 personas –en su mayoría personal militar y policial– fueron condenadas por su participación en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar de 1976-1983. Otras 820 enfrentaban cargos penales y 13 juicios estaban en curso. En Uruguay, el 27 de junio, el presidente José Mujica aprobó un decreto revocando los actos administrativos en el marco de la Ley de Caducidad. Esta decisión permite la reapertura de unos 80 casos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de 1973-1985. En Guatemala, el 2 de agosto, cuatro ex militares fueron condenados a largas penas de prisión por el Tribunal de Primera Instancia en la Ciudad de Guatemala, por 201 casos de asesinatos y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Masacre de las Dos Erres en diciembre de 1982. También se han logrado progresos respecto a otros casos emblemáticos, entre ellos el del genocidio en la región Ixil y el enjuiciamiento de los presuntos responsables de la desaparición forzada del activista sindical Edgar Fernando García. En Colombia, en junio de 2010, un jefe del ejército fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas en noviembre de 1985, después de que fuerzas militares irrumpieran en el edificio de la Corte Suprema, donde la guerrilla retenía a cientos de rehenes. En mayo de 2011, un general retirado fue sentenciado a 35 años en relación con este mismo incidente. Más de 100 personas, incluyendo más de 60 civiles, murieron como resultado de la intervención militar. También en Colombia, el miércoles (31 de agosto), la Corte Suprema repuso la condena de un ex Ministro de Justicia, Alberto Santofimio, que pasará 24 años en la cárcel por su participación, en 1989, en el asesinato de su rival político y candidato presidencial, Luis Carlos Galán. El señor Santofimio había recibido originalmente la misma sentencia en 2007, pero había sido puesto en libertad luego de apelar, después de pasar sólo un año en prisión. FIN For more information or interviews, please contact spokesperson Rupert Colville (+41 22 917 9767 or rcolville@ohchr.org ) or press officers Ravina Shamdasani (+ 41 22 917 9310 or rshamdasani@ohchr.org ) and Xabier Celaya (+ 41 22 917 9383 or xcelaya@ohchr.org ) Note to editors: interviews can be arranged in English and Spanish OHCHR Country Page – Bolivia: http://www.ohchr.org/EN/countries/LACRegion/Pages/BOIndex.aspx Other Latin American countries: http://www.ohchr.org/EN/Countries/LacRegion/Pages/LacRegionIndex.aspx UN Human Rights, follow us on social media: http://www.facebook.com/unitednationshumanrights https://twitter.com/unrightswire