El miércoles 24 de agosto, en Lima fue aprobada la Ley Marco del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas del Perú.

“Una ley que obliga a consultar a las comunidades cuando en sus tierras se vaya a implementar proyectos mineros, madereros o petroleros”, según reporta la agencia AFP. La iniciativa de elaborar una Ley del Derecho a la Consulta nació en Perú luego de la protesta de los indígenas amazónicos en la región de Bagua, informa la especialista María del Rosario Sevillano (revista Artículo Primero, N° 21, CEJIS). En el proceso de debate de la nueva norma, es llamativa una recomendación que enviaron las propias organizaciones indígenas a los legisladores: que la definición del derecho a la consulta “no debe incorporar alguna referencia al derecho a veto, toda vez que las medidas para la implementación del derecho a la consulta no deben centrarse en si los pueblos indígenas pueden o no vetar la acción del Gobierno. Lo central en la consulta es que sea comprendida como un proceso de diálogo de buena fe con miras a lograr el acuerdo o consentimiento”. Para el especialista en derecho indígena y actual director de Descolonización del Ministerio de Culturas, Idon Chivi, el “modelo peruano” no es el más adecuado para el país, “además lo hizo Alán García (ex presidente del Perú), no los indígenas; pero gente de la OIT recomienda a través de instancias locales que ése es el mejor modelo legal del derecho de consulta, cuando ésa es una barbaridad técnica. Le da toda la fuerza de decisión al Estado y no a los pueblos indígenas”. En Bolivia, admite Chivi, aún “no tenemos un marco referencial del derecho de consulta, ni en materia de ley ni en codificación”. Fuente: La Razón