Estados Unidos tiene el peor récord en materia humanitaria cuando despoja de su derecho al voto a ciudadanos que fueron sancionados por algún delito, denuncia hoy el diario The New York Times.

En un editorial, el rotativo hace referencia a un reciente informe de Naciones Unidas, el cual cuestionó hasta qué punto el gobierno estadounidense cumple con la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, ratificada por el país en 1992. Ese reporte fue elaborado a partir análisis realizados en varias audiencias, donde se escucharon testimonios sobre los centros secretos de detenciones, casos de secuestro y torturas responsabilidad de Washington. Según el documento, más de cinco millones de personas están excluidas del derecho al voto en Estados Unidos, a pesar de que muchas de ellas cumplieron su sentencia o están en libertad condicional. El texto de Naciones Unidas insta al gobierno del presidente George W. Bush a permitir a esos ciudadanos participar en las próximas elecciones. "Aunque el reporte no es de obligatorio cumplimiento, nos recuerda cuán mal nosotros tratamos a los ex infractores de la ley, en comparación a cómo lo hacen otras democracias en el mundo", afirma el periódico. En las elecciones del 2000, el gobernador de Florida, Jeb Bush, hermano del presidente, hizo los arreglos correspondientes para que 94 mil personas, en su mayoría afro-americanas y demócratas, fueran privadas de su derecho al voto. Ese contingente, al acudir a las urnas, se encontró con la sorpresa de que las autoridades los consideraban criminales y, por ende, no podían tomar parte en la designación del nuevo mandatario estadounidense. Luego se comprobó que 91 mil eran inocentes. De haber votado, aseguran analistas, el entonces candidato demócrata Albert Gore hubiese conseguido mucho más de los 537 sufragios que tuvo de ventaja el republicano W. Bush, y que decidieron los polémicos comicios.