Foros, videos y fotografías rememoran los hechos luctuosos para exigir que se cumpla con la deuda histórica.

El 17 de julio se cumplen tres décadas en Bolivia de la última dictadura militar instaurada por el cruento golpe de Estado de Luis García Meza y las heridas en la sociedad boliviana no terminan de cicatrizar. Los familiares de las víctimas, que organizan una serie de actividades esta semana, demandan justicia, mientras esperan que la orden se cumpla en la desclasificación de los archivos que están en el Estado Mayor para conocer el paradero de las personas desaparecidas. “El hecho de que García Meza y Luis Arce Gómez, los principales protagonistas del golpe, guarden hoy detención por los delitos cometidos durante el régimen militar, no soluciona las cosas”, dijo uno de los representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd). Entre las actividades programadas para mantener viva la memoria de las actuales y futuras generaciones sobre la historia y las consecuencias de las dictaduras militares, se realizará un festival musical, la exposición de fotografías, la proyección de documentales, actos políticos y la participación de los activistas y familiares en el desfile de teas del 15 de julio. Los actos se inician hoy a las 19.00 en la Biblioteca Municipal de la ciudad de La Paz con el foro: Por la Memoria Histórica y la Justicia con la participación de la Fundación Cajías. Mañana se desarrollará en la plaza del Bicentenario a partir de las 11.00 la jornada Por la Justicia, que incluye un festival musical con la participación de Blanco y Negro, Entre dos aguas, Nina Uma, además de solistas de hip hop de la ciudad de El Alto y otros grupos. También se instalará una muestra fotográfica, audiovisual y bibliográfica sobre el Golpe de Estado del 17 de julio de 1980 y temas relacionados a los Derechos Humanos. El jueves a las 9.00 se inaugurará en la Casa Museo Walter Solón Romero el foro debate: A 30 años buscando justicia-voces de desaparecidos. Y a las 19.00 se cumplirá una tertulia con sabor a coca en la Casa de las Culturas Wayna Tambo de la ciudad de El Alto. El 17 de julio se realizará el principal acto político y marcha denominada A 30 años del golpe, la concentración será a las 10.00 en la puerta de la Federación Sindical de Mineros, en El Paseo de El Prado. El anuncio de las actividades que rememoran los lamentables hechos de la dictadura del 80, fue presentado ayer en el Palacio Chico con la participación de representantes de Asofamd, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, el Centro de Acción Luis Espinal y la Fundación Boliviana contra la Impunidad. Una de las víctimas del golpe militar es Cristina Trigo viuda de Quiroga Santa Cruz, la esposa de Marcelo Quiroga, el político, escritor y docente universitario que fue herido y apresado durante el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB), conducido al Estado Mayor del Ejército donde fue torturado hasta la muerte, y luego desaparecidos sus restos. Cristina Trigo que expresó su tristeza con lágrimas, dijo que los hechos golpistas destrozaron su alma y el de su familia. “Estoy dispuesta a seguir adelante, me he repuesto para seguir luchando. Se cumplen 30 años de esta tragedia nacional que nos ha tocado vivir a todos, pero estamos dispuestos a pedir al Gobierno que nos apoye”, enfatizó. HECHOS Marcelo. El 17 de julio de 1980 fue herido y apresado durante el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB). Se desconoce hasta hoy el paradero de sus restos. Terrorismo. Desde el Ministerio del Interior se calcula que se produjeron unos 500 asesinatos, más de 4.000 detenidos y más de una centena de desaparecidos. Democracia. Tiene una asignatura pendiente: la desclasificación de los archivos por los derechos de los familiares de las víctimas. Denuncia. Es la que se planteará al Ministerio Público para la sanción de los demás involucrados que aún no fueron juzgados. Nómina. Es la de los paramilitares y represores que deben ser enjuiciados, por estar involucrados en crímenes, asesinatos, desapariciones, torturas y acciones represivas.