Santiago.- El declarado respeto del presidente Sebastián Piñera por los derechos humanos, reiterado estos días, será puesto a prueba cuando decida si un “Indulto Bicentenario” incluirá a represores del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-90).

El mandatario chileno ha guardado silencio sobre este tema en particular, aunque –ante demandas de organizaciones humanitarias– ha reiterado que su gobierno respetará y fomentará los derechos humanos. En realidad, en las últimas semanas debió tomar distancia de quienes han defendido públicamente la dictadura chilena, entre ellos su hermano mayor, José, dos veces ministro de Pinochet, quien intentó comparar al ex presidente Salvador Allende con Adolf Hitler. Igualmente, fue removido el recién nombrado embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero, por su defensa del régimen pinochetista en una entrevista en el diario Clarín de Buenos Aires, entre otras manifestaciones de la extrema derecha por influir en el nuevo gobierno. El incidente más reciente surgió tras una tensa reunión la semana pasada entre Piñera y dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) en el palacio de La Moneda, que terminó abruptamente. Las voceras de la AFDD criticaron, entre otras cosas, el papel de la funcionaria Rossy Lama, responsable del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, quien –dijeron– parece entorpecer y no facilitar el juicio y castigo de los culpables de la desaparición de nuestros familiares. Cuestionado por organizaciones humanitarias y de izquierda, el mandatario también recibe presiones desde la derecha, incluyendo a figuras de su propio partido Renovación Nacional (RN), que exigen que el anunciado indulto, cuyo proyecto presentará en breve la Iglesia Católica, no haga distingos entre civiles y militares. Grupos de militares retirados demandan clemencia para sus compañeros encarcelados. (PL)