En la línea de las obligaciones internacionales de los Estados, como la Convención de Belen do Pará, la CIDH ha recomendado a los Estados garantizar que las políticas educativas combatan patrones socioculturales de conductas discriminatorias; de lo contrario, se envía un mensaje social de rechazo contra las personas con orientaciones sexuales diversas no dominantes.

Washington, D.C. - En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados de la región a promover una educación sexual integral (ESI) apropiado a la edad, que aborde aspectos básicos sobre sexualidad humana y los impactos de las relaciones de poder históricamente desiguales que afectan a las mujeres en toda su diversidad, entre ellas, a las personas que se identifican o son percibidas como lesbianas. Esto es esencial para la erradicación de la discriminación y violencia que continúan afectándoles.

En algunos Estados de la región, se han promulgado leyes de educación sexual integral que tienen el objetivo de proporcionar a todas las personas acceso a información científica y completa sobre la sexualidad humana, las relaciones saludables y el respeto a la diversidad. Estas medidas promueven actitudes responsables ante la sexualidad; informan sobre salud sexual y reproductiva, y contribuyen en la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas, sin discriminación de género.

Sin embargo, a lo largo de la región, persiste una falta de información sobre la diversidad sexual y de género, en especial dentro de planes y programas de estudio de educación escolar. Incluso se ha prohibido la enseñanza con perspectiva de género; el uso del lenguaje inclusivo en la educación básica, y se ha restringido el acceso a materiales educativos con aspectos elementales sobre las experiencias de vida de personas LGBTI. Esto perpetúa la invisibilidad histórica de las mujeres lesbianas en la sociedad y se convierte en un obstáculo adicional para la erradicación de estereotipos de género y prejuicios contra la diversidad sexual.

Tales prejuicios están en la base de discriminación y violencia que continúan enfrentando las lesbianas, por lo que deben ser combatidos, entre otras iniciativas, mediante medidas educativas. La CIDH ha advertido a los Estados sobre su deber de tomar acciones preventivas   para evitar la repetición de los diferentes tipos de actos que procuran “castigar”, “alterar” o “eliminar” la orientación sexual y la expresión de género de las lesbianas.

En la línea de las obligaciones internacionales de los Estados, como la Convención de Belen do Pará, la CIDH ha recomendado a los Estados garantizar que las políticas educativas combatan patrones socioculturales de conductas discriminatorias; de lo contrario, se envía un mensaje social de rechazo contra las personas con orientaciones sexuales diversas no dominantes. Por su parte, la Corte IDH reiteró que los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades.

En ese contexto, se llama a los Estados a implementar y avanzar en legislación y políticas públicas que garanticen programas de educación sexual integral que sean inclusivos, para prevenir la violencia de género basada en prejuicios y asegurar sociedades respetuosas de la diversidad y de los derechos de las lesbianas.

La CIDH manifiesta su disposición de colaborar con los Estados y la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos de las lesbianas, como los procesos de integración de ESI que considere sus derechos y necesidades, como parte esencial de la estrategia para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
 
*Los Comisionados Carlos Bernal Pulido, Edgar Stuardo Ralón Orellana y Gloria De Mees emitieron su voto en contra de este comunicado de prensa.

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