Informe Anual 2023 de la CIDH destaca retos en derechos humanos e institucionalidad democrática
La importancia del Informe Anual de la CIDH radica en la forma en la que abarca toda la región y las situaciones de derechos humanos de la diversidad de colectivos y poblaciones en el hemisferio. Contribuye para que los Estados puedan tomar acciones concretas para la garantía de derechos, al mismo tiempo que es una herramienta de rendición de cuentas y transparencia institucional
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el Informe Anual 2023, instrumento de referencia regional para la situación de derechos humanos en el hemisferio y herramienta para el acceso a la información y transparencia institucional. El mismo recoge las actividades institucionales para el cumplimiento de su mandato, como los principales logros y desafíos en derechos humanos para la región.
"El Informe Anual de la CIDH es un documento único y de gran relevancia para las Américas y el Caribe, pues permite obtener un panorama completo sobre los desafíos de la región en derechos humanos y las acciones que los distintos actores pueden tomar para lograr que las personas y sus derechos fundamentales estén al centro de las agendas estatales," destaca la Presidenta de la CIDH, Roberta Clarke.
A lo largo de 6 capítulos, el Informe Anual contiene los logros de la Comisión y un análisis de la situación regional de derechos humanos. El Capítulo I detalla las actividades institucionales a lo largo del año. De entre ellas, destaca el inicio de la implementación del Plan Estratégico 2023-2027 que guía el accionar institucional y la publicación del primer informe semestral de balance del mismo.
Ese mismo capítulo, se presenta información sobre períodos de sesiones, resoluciones aprobadas, comunicados de prensa, la agenda de participación social, cooperación técnica, la relación con órganos políticos de la OEA y con otros órganos regionales y universales de derechos humanos. Así como las actividades de seguimiento de recomendaciones, como la instalación del mecanismo conjunto de Colombia y las visitas a Bolivia, Chile y también Colombia.
El Capítulo II reporta el trabajo del sistema de peticiones y casos, a través del cual la CIDH desarrolla estándares jurídicos para la protección de los derechos humanos en la región. Destaca el estudio inicial del 88% de las 2.692 peticiones recibidas, la aprobación de 216 informes sobre admisibilidad y 100 informes de fondo, máximo histórico en esta etapa. Además del envío de 34 casos a la Corte IDH ante la necesidad de obtención de justicia.
Por su parte, tras un estudio riguroso y participativo, la Comisión adoptó la Política de Priorización de Peticiones y Casos, la cual aportará a la superación progresiva del atraso procesal, a un mayor impacto del sistema interamericano y a ofrecer una justicia más oportuna para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Se suscribieron 19 nuevos acuerdos de solución amistosa y se homologaron 32, el número más alto en la historia de este mecanismo que permite que las partes dialoguen y lleguen a acuerdos sobre reparaciones integrales a las víctimas. Así como la implementación de medidas en 81 acuerdos de solución amistosa y el cumplimiento total de 112 medidas de reparación.
La Comisión analizó 92,93% de las 1.133 solicitudes de medidas cautelares recibidas, y se otorgó y/o amplió 52 mediante 51 resoluciones. Con el trabajo de este mecanismo, se logró contribuir con la protección de más de 13.040 personas y colectivos de países de la región. En el seguimiento de las medidas cautelares vigentes la CIDH garantizó en 2023 por lo menos una acción de supervisión en el 100% de las medidas cautelares vigentes y llevó a cabo 4 visitas de seguimiento a terreno.
Siguiendo con el mecanismo de cautelares, se adoptaron 7 resoluciones de seguimiento, se realizaron 3 audiencias, 62 reuniones de trabajo y 107 bilaterales con las partes. Se instaló la Mesa de Trabajo Conjunta sobre las cautelares de Bruno Araújo, Dom Phillips y miembros de UNIVAJA en Brasil y se solicitaron 10 medidas provisionales la Corte IDH respecto de Nicaragua, Haití, Perú y Venezuela.
La CIDH da cuenta de las actividades de las relatorías temáticas y de país y de promoción y capacitación en el Capítulo III. Destaca las visitas de trabajo a Perú e in loco a Bolivia y Honduras, la generación de 2 informes de Nicaragua y Perú, y la publicación de 10 informes temáticos sobre pandemia y derechos humanos, derechos laborales y sindicales, movilidad humana, derechos de las personas mayores, defensoras del medio ambiente, pueblos indígenas y afrodescendientes y mujeres privadas de libertad y el impacto del crimen organizado en mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Resalta también las 12 visitas de trabajo, promoción y/o cooperación. Las de Guyana, Santa Lucía y Surinam acentúan el esfuerzo de la CIDH por lograr una colaboración más cercana con países del Caribe.
En 214 actividades de promoción y 107 eventos de capacitación, 82.959 personas fueron capacitadas respecto al sistema interamericano y temáticas diversas de derechos humanos.
En el Capítulo IV, la Comisión presenta la situación de derechos humanos en la región. El Capítulo IV.A describe las tendencias regionales y los avances y desafíos en los 35 Estados miembros de la OEA. Entre las tendencias, se encuentran los desafíos en la institucionalidad democrática y el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial, de órganos electorales y de instituciones nacionales de derechos humanos, contexto que fomenta la impunidad y causa la pérdida de confianza ante las instituciones y la democracia.
Igualmente, la CIDH identifica desafíos en el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación, defensa de derechos humanos y participación política. Situación que impacta directamente a las personas defensoras, quienes son fundamentales para la consolidación de sociedades democráticas.
Respecto a la seguridad ciudadana, preocupa a la CIDH la garantía de derechos humanos frente a la militarización de la seguridad interna, el abuso de los estados de excepción y la flexibilización del uso de la prisión preventiva, elementos que han aumentado de manera considerable la población privada de libertad.
El Capítulo IV.A también desarrolla los retos de grupos en situación histórica de discriminación. El acceso y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas en movilidad humana, defensoras, privadas de libertad, afrodescendientes, LGBTI, personas mayores y personas con discapacidad, y la memoria, verdad y justicia.
Conforme al Art. 59.6 del Reglamento, el Capítulo IV.B incluye a Cuba, Guatemala, Nicaragua, y Venezuela, que presentan violaciones graves a los derechos humanos y a las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática. Por su parte, el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de Brasil, El Salvador, y México se encuentran en el Capítulo V.
En el Capítulo VI, la CIDH ahonda en su estructura, recursos, administración y avances tecnológicos. Destaca el comienzo del Programa Co-Labora, para el fortalecimiento del clima laboral y el lanzamiento de GAIA, un software que busca agilizar los procesos internos para mejorar la experiencia de accesibilidad al Sistema Interamericano.
Todos los informes de la CIDH, y de las Relatoría Especiales, para la Libertad de Expresión (RELE) y la para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), se encuentran en los Anexos.
"La importancia del Informe Anual de la CIDH radica en la forma en la que abarca toda la región y las situaciones de derechos humanos de la diversidad de colectivos y poblaciones en el hemisferio. Contribuye para que los Estados puedan tomar acciones concretas para la garantía de derechos, al mismo tiempo que es una herramienta de rendición de cuentas y transparencia institucional," comenta la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi.
La CIDH dedica su trabajo a la memoria de las víctimas y reconoce el rol protagónico de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, a quienes les agradece su trabajo, así como a todos los Estados miembros y observadores de la OEA. Expresa también su gratitud al equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, de la RELE y de la REDESCA, cuyas contribuciones son clave para llevar a cabo el mandato del órgano de manera efectiva.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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