Una política de transición energética acelerada que se implementa sin participación de las comunidades que pudieren verse afectadas y un amplio diálogo social, ni una adecuada evaluación de los impactos ambientales y socioeconómicos, puede vulnerar los derechos humanos.

Washington, D.C. – Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados a impulsar medidas para una transición energética justa y responsable que reconozca y atienda las desigualdades estructurales que enfrentan los grupos vulnerables en el marco de la emergencia climática.

En su Plan de Trabajo 2024-2026, "Una agenda Hemisférica por los DESCA", la Relatoría Especial ha identificado al cambio climático y la protección del medio ambiente como uno de los desafíos más apremiantes que atraviesa la región y ha enfatizado la necesidad de adoptar medidas concretas y urgentes que permitan una transición energética justa. Priorización que es consistente con el Plan Estratégico 2023-2027 de la CIDH y los mandatos orientados a construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo que fueron acordados en junio de 2022 durante la IX Cumbre de las Américas.

La REDESCA ha avanzado en el abordaje de este desafío a través de la aprobación de la Resolución 3/2021 de la CIDH sobre Emergencia Climática. En ese marco, ha instado a los Estados a adoptar y aplicar políticas encaminadas a reducir emisiones de gases de efecto invernadero que reflejen la mayor ambición posible, fomentar la resiliencia al cambio climático y garantizar que las inversiones públicas y privadas sean coherentes con un desarrollo con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio climático. Asimismo, en el informe de Empresas y Derechos Humanos, la REDESCA y la CIDH han establecido que los Estados deben dirigir sus esfuerzos a asegurar que las empresas busquen reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, evitar emisiones excesivas y publicar información de manera accesible sobre las acciones dirigidas a ese fin. Específicamente en el marco de su función regulatoria, los Estados deben exigir la divulgación de la información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, los planes de reducción de emisiones y entre otras medidas adoptadas por las empresas.

Una política de transición energética acelerada que se implementa sin participación de las comunidades que pudieren verse afectadas y un amplio diálogo social, ni una adecuada evaluación de los impactos ambientales y socioeconómicos, puede vulnerar los derechos humanos. Esta situación ha sido evidente en el contexto de los procesos de reemplazo de la matriz energética, como en algunos casos de instalación de parques eólicos. Asimismo, la extracción de minerales esenciales para la transición a energías limpias ha desencadenado diversas afectaciones a los derechos humanos en varios países de la región.

Las Américas desempeñan y continuarán desempeñando un papel crucial en la extracción y procesamiento de esos minerales. Sin embargo, es fundamental que esta transición no repita los errores de la economía basada en el carbono. Es necesario gestionar la extracción de minerales críticos de manera responsable, asegurando el respeto por los derechos humanos.

La REDESCA advierte que para implementar políticas adecuadas de transición energética, es crucial que los Estados, en los procesos de reemplazo de la matriz energética, así como en la extracción y procesamiento de los minerales esenciales para la transición, garanticen y resguarden los derechos de las comunidades que pudieren verse afectadas, buscando reducir las brechas de género y entre generaciones, desde una perspectiva interseccional y sin dejar a nadie atrás en el camino hacia un futuro libre de carbono.

Para avanzar hacia una transición energética efectiva, es esencial reformar los sistemas económicos y fiscales. La eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles, junto con la imposición de impuestos sobre estos, puede reducir significativamente las emisiones de carbono y fomentar la inversión en tecnologías más limpias y renovables. Al mismo tiempo, este enfoque debe integrar principios de justicia social y justicia climática, asegurando que las comunidades de bajos ingresos no sean perjudicadas desproporcionadamente por estos cambios y que los beneficios de las políticas ambientales se compartan de manera equitativa.

La REDESCA advierte que la transición justa puede plantearse como una oportunidad para el desarrollo de las economías de la región. En esta línea, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, América Latina y el Caribe se ahorraría hasta 621.000 millones de dólares anuales si los sectores de energía y transporte lograran la neutralidad de emisiones para el 2050. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimaron que transitar hacia la sostenibilidad energética crearía más de un millón de empleos para el año 2030.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

No. RD076/24

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