La Relatoría Especial observa que, de acuerdo con informes de la Comisión, la discriminación histórica y estructural contra las mujeres se manifiesta en varios aspectos, incluyendo los marcos normativos, políticas públicas y prácticas sociales que perpetúan roles y estereotipos de género, así como aquellas que contribuyen a la sobrerrepresentación de las mujeres en trabajos informales o mal remunerados. 

Washington D.C. - En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a adoptar medidas efectivas, integrales y diferenciadas para combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, especialmente contra las trabajadoras domésticas remuneradas en América Latina y el Caribe. Al respecto, la REDESCA destaca la importancia de que estas se adopten de forma participativa y bajo un enfoque interseccional, considerando a su vez la discriminación étnico-racial, por condición migratoria, por edad y por orientación sexual e identidad de género.

La Relatoría Especial observa que, de acuerdo con informes de la Comisión, la discriminación histórica y estructural contra las mujeres se manifiesta en varios aspectos, incluyendo los marcos normativos, políticas públicas y prácticas sociales que perpetúan roles y estereotipos de género, así como aquellas que contribuyen a la sobrerrepresentación de las mujeres en trabajos informales o mal remunerados. En el contexto de América Latina y el Caribe, se ha señalado que existe una cifra significativa de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado. Aunque no es posible proporcionar una cifra exacta debido a la alta informalidad en este sector, la mayoría de las personas involucradas en esta ocupación son mujeres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hasta el año 2019, se estimaba que las mujeres representaban aproximadamente el 91,1% de los trabajadores domésticos remunerados en la región.

A partir de la información que ha recibido la Comisión y la REDESCA, particularmente en la audiencia temática regional sobre los Derechos humanos de las mujeres trabajadoras del hogar celebrada en el 188 período de sesiones, se toma nota con preocupación sobre cómo las trabajadoras domésticas experimentan violencia de género y múltiples obstáculos para la garantía de sus DESCA, particularmente el derecho al trabajo decente, derechos sindicales, seguridad social y salud. Igualmente, sobre cómo dichas privaciones se vieron agudizadas durante la pandemia del Covid-19 por la pérdida significativa de empleo e ingresos y, para quienes mantuvieron su trabajo, por una mayor sobrecarga laboral e incluso vulneraciones al derecho a la libre circulación (con casos de confinamiento forzoso y trabajos análogos a la esclavitud).

Al respecto, la REDESCA toma nota de que 18 Estados de la región han ratificado el Convenio No. 189 de la OIT sobre la protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, así como que en diversos países se han adoptado buenas prácticas en la materia, tales como: la remuneración mínima e igual salario por trabajo de igual valor, descansos legales y vacaciones pagadas, formalización de contratos, fuero de maternidad, seguridad social y jubilación, junto a una edad mínima para el empleo doméstico.

La Relatoría Especial DESCA observa que, a pesar de los avances realizados, la mayoría de las trabajadoras domésticas remuneradas en la región enfrenta serios desafíos para disfrutar de una vida libre de discriminación y violencia, así como para garantizar sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Estos desafíos persisten debido a brechas significativas en la implementación del marco normativo interamericano que las protege, así como a vacíos normativos en materia de protección laboral, incluyendo aquellos relacionados con la implementación del Convenio 189. Además, se verifica una tendencia hacia la desaparición formal de esta fuerza laboral debido a su inclusión en la subcontratación a través de agencias y plataformas digitales.

La REDESCA destaca que las mujeres afrodescendientes, indígenas, en situación de movilidad humana, LGTBI, personas mayores y niñas enfrentan un mayor riesgo debido a las múltiples formas de discriminación a las que están expuestas. Se ha estimado que aproximadamente el 63% de las trabajadoras domésticas en la región son afrodescendientes, y para muchas mujeres migrantes, el trabajo doméstico es la principal fuente de ingresos. En el caso de las niñas, es preocupante observar que algunas de ellas se ven obligadas a realizar trabajo doméstico para contribuir a la economía familiar, lo que constituye una forma preocupante de trabajo infantil. Esta situación expone a las niñas a diversos tipos de violencia, que incluyen maltrato, abuso, violencia física, psicológica y sexual, negligencia y explotación.

En atención a lo anterior, la REDESCA llama a los Estados de la región a adoptar de forma urgente medidas efectivas, integrales y diferenciadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación contra las trabajadoras domésticas remuneradas, así como para asegurar el respeto y garantía de sus DESCA, con especial atención a sus derechos laborales y sindicales, salud y seguridad social. Adicionalmente, se exhorta a los Estados de la región que aún no lo han hecho a ratificar el Convenio 189 de la OIT.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

No. RD276/23

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