La Organización de Naciones Unidas (ONU) sugirió ayer al Gobierno la implementación de un plan para prevenir y sancionar los frecuentes linchamientos que se presentan en el país contra personas sospechosas de haber cometido delitos y pidió distinguir esa práctica de la justicia indígena.

“Por un lado hemos sugerido al Gobierno, como recomendación en el informe, adoptar un plan para prevenir, sancionar estos actos y tomar las medidas necesarias para garantizar que estos casos sean investigados y sus responsables sean sancionados”, informó el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, el canadiense Denis Racicot, luego de entregar un informe sobre la situación de los DDHH. Racicot explicó que debido a la frecuencia de esta práctica, la ONU está realizando un estudio en un territorio determinado para analizar en profundidad los distintos casos denunciados para diagnosticar qué es lo que no está funcionando a nivel de la Policía con relación a la prevención, a la represión cuando se dan los casos y al papel de la Fiscalía en lo judicial. “Se ha identificado una serie de problemas institucionales sobre el tema y con este estudio queremos hacer un asesoramiento técnico al sistema judicial y al Gobierno para atacar el problema y desarrollar un plan de prevención”, dijo el comisionado. Asimismo, señaló que es muy importante diferenciar los casos de linchamiento con lo que se llama justicia indígena originaria campesina, pues no tienen ningún tipo de relación. También, aseguró que casi la totalidad de los casos de linchamiento reportados se presentan en el marco del ámbito urbano, como una reacción de la población ante la ausencia de justicia y de seguridad pública. “Son reacciones de un grupo de personas sin control, tolerada por la opinión pública, tolerada por las instituciones estatales, que como resultado en muchos casos, en vez de remediar el problema, se convierten en un acto más grave, del que se quiere reprimir”, complementó Racicot. Debido a esto, dijo que en muchos casos, para las personas sospechosas de haber cometido este delito, no existe ninguna medida de sanción, “pues muchas veces los resultados de estos actos concluyen en su muerte”. Por esto, recalcó que existe la necesidad de implementar un plan de concientización a nivel social para evitar atropellos de los administradores de la justicia originaria campesina. El alto comisionado añadió que por el momento los hallazgos de la investigación dan a entender que este tipo de actos se presentan de esa manera, pues los índices de violencia se incrementan cuando la Policía no interviene para evitar este tipo de actos. “Porque cuando la Policía interviene de forma oportuna se puede prevenir la muerte de estas personas en varios casos y así se puede orientar a la población en la aplicación adecuada de la justicia”, afirmó Racicot. Tras esta evaluación, el comisionado dijo que deben cesar estos actos, ya que se multiplicaron los casos. EL INFORME DE LA ONU Durante el 2009 se presentaron al menos 71 casos de linchamiento o tentativa contra sospechosos de haber cometido delitos comunes, con un saldo de 15 muertes reportadas por la prensa. La cifra se triplicó desde el año 2008. Recomiendan proteger de la violencia a los periodistas La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe sobre los derechos humanos-2009, recomendó proteger a los periodistas de las agresiones, aunque verificó que el pasado año fueron menores en comparación a las registradas el año 2008. El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, reflexionó ayer sobre la importancia de llevar hasta los estrados judiciales las agresiones a los periodistas. “Debemos promover un plan de protección en contra de los ataques que sufren los periodistas, donde incluso las autoridades políticas participen para que los casos denunciados lleguen al sistema judicial de manera más efectiva”, sostuvo. En el informe sobre derechos humanos se registran las agresiones del alcalde Percy Fernández y de un grupo de élite de la Policía (UTARC) a periodistas de la ciudad de Santa Cruz. “El 2009 hubo menos gravedad en el conjunto de los casos que se dieron de violencia. Hubo más casos de injuria y amenazas. En el tema de la libertad de expresión, las relaciones entre el Gobierno y los periodistas mejoraron”, destacó el representante de la ONU