En el Examen Periódico Universal (EPU) que Bolivia dio por más de tres horas ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, destacó el avance importante en la consolidación de los derechos políticos, sociales y económicos a favor de la población.

La delegación oficial estuvo conformada por la ministras de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, y de Justicia, Nilda Copa, además de un técnico. En la presentación del Informe Nacional de Derechos Humanos, Suxo destacó los importantes avances del Estado boliviano en materia de respeto y promoción de los derechos ciudadanos a través de la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, que eleva a rango máximo los tratados internacionales, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Informe rescata el proceso de revolución democrática y cultural en el marco de un nuevo sistema jurídico de protección de los derechos humanos, así como la situación de los derechos civiles, políticos y económicos que incorporan temáticas referidas a la igualdad, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la tierra, entre otras. Acceso a la tierra En el ámbito rural-agrario, se ha establecido el derecho de las mujeres a heredar tierras, lo cual se incorporó en la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria. El pasado año se logró la entrega de 10.299 títulos a mujeres, un avance significativo en el ejercicio de su derecho a la tierra. Del mismo modo, se entregaron títulos agrarios y tierras fiscales a pueblos guaraníes, los cuales además fueron compensados por el Estado, por el abandono en que fueron sumidos por anteriores gobiernos, con 1,2 millones de dólares. Constitución incluyente Se superaron obstáculos que se oponían al diálogo para decidir con amplia participación una nueva Constitución Política del Estado que reconoce y garantiza todos los derechos humanos que se ratificaron en los tratados internacionales, resaltando los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, bajo los principios de solidaridad, equidad e igualdad. La nueva Constitución busca desterrar las estructuras excluyentes del pasado que impidieron la consolidación de un estado de derecho. Contra la servidumbre Se libró de la servidumbre a 150 personas del pueblo guaraní y se trabaja por eliminar todo tipo de explotación laboral. La CPE establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, sin discriminación, con remuneración o salario justo y satisfactorio. En los últimos tres años fueron creados 450.000 empleos en áreas de la construcción, caminos, viviendas, textiles y servicios. En el periodo 2006-2009 se incrementó el salario mínimo nacional en un 47 por ciento, y se otorgó un bono de mil bolivianos a los servidores públicos. Juicio de responsabilidades Llevar a la justicia ordinaria a los responsables de la vulneración de los derechos humanos y también de los actos de corrupción que tienen relación muy cercana con la violación de los derechos humanos es una de las prioridades de la actual gestión del Estado Plurinacional. Según el Gobierno, la falta de avance oportuno en los juicios de responsabilidades en contra de los responsables de las muertes de la ‘guerra del gas’ y de otros sucesos trágicos tuvo que ver con la retardación de justicia debido a la falta de imparcialidad en el Poder Judicial. El Estado no cesará hasta ver sancionados a quienes violaron los derechos más elementales de los bolivianos. Para ello se propone, de acuerdo con la nueva CPE, la elección por voto directo de los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que garanticen la aplicación de la justicia con imparcialidad y apego a la ley, así como la retroactividad penal. Ley contra la discrimicación La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene entre sus tareas prioritarias la aprobación de la Ley contra la Discriminación. El Estado boliviano trabaja en la eliminación de toda forma de discriminación y violencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo religioso, ideología y otros que tengan por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Casos extremos de esta forma de violencia se dieron en la masacre de Porvenir, en Pando, mientras que la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, fue testigo de hechos de violencia y discriminación racial que llegó a la humillación y vejación pública de indígenas. El compromiso del Gobierno es el de no dejar en la impunidad estos hechos de discriminación y coadyuvar a víctimas y familiares en la búsqueda de justicia. Políticas sociales Con la nacionalización de los hidrocarburos se logró incrementar los ingresos en las arcas del Estado, que fueron destinados a programas sociales a favor de sectores vulnerables. Es así que a través del programa Yo sí puedo se erradicó el analfabetismo del país, mientras que con el programa desnutrición cero se lograron avances importantes en la alimentación. Entre otros programas, destacan la Renta Dignidad para adultos mayores de 60 años, el bono Juancito Pinto contra la deserción escolar que beneficia a niños y niñas hasta el octavo de primaria. El bono Juana Azurduy, dirigido a embarazadas y sus hijos hasta los dos años de vida es otro avance en política social. El Estado boliviano se compromete a profundizar, entre otras medidas, los planes que lleguen a la gente, con la dotación de vivienda, luz y comunicaciones bajo el criterio de que los servicios básicos son derechos humanos. Las políticas sociales fueron elogiadas por los representantes del Consejo de Derechos Humanos. Acceso a la justicia La nueva Constitución Política del Estado reconoce a la justicia comunitaria y a la ordinaria en su plenitud, las cuales coexisten y se aplican en rigor de la ley. Debido a que se encontraron graves deficiencias por extrema burocracia en el sistema judicial, demora en la resolución de los procesos, además de graves casos de “corrupción y clientelismo”, el Estado se vio obligado a responder con la instauración de reformas al sistema judicial para garantizar su independencia. De ese modo, las máximas autoridades del Órgano Judicial serán elegidas por sufragio directo y universal, para evitar el cuoteo. La Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en una Ley de Transición para la designación transitoria de los cargos vacantes que existen en el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, con el fin de evitar la suspensión de los procesos que lleva este órgano. En tanto, la Asamblea definirá la ley marco para la elección de las autoridades judiciales en el marco de la nueva Constitución. Erradicar extrema pobreza La mayoría de los Estados desarrollados no cumplieron con sus compromisos asumidos respecto a la octava Meta del Milenio (erradicar la extrema pobreza), al mismo tiempo que algunas organizaciones financieras impusieron en gobiernos pasados políticas macroeconómicas erradas. Todo ello conllevó a la deuda externa y a una situación de desigualdad en la población. Esas medidas que vulneraron los derechos humanos y provocaron pobreza, según el Gobierno, causaron la violación de estos derechos fundamentales. Para revertir esta situación, el Estado boliviano inició un proceso de cambio en sus políticas estructurales y macroeconómicas con el objetivo de implementar políticas públicas para el beneficio de toda su población. Los Programas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) son la base para desmontar el colonialismo y el neoliberalismo. Son herramientas para construir un Estado multinacional y comunitario, que vive en igualdad y sin violencia. Por la igualdad de género Bolivia es un Estado poblado mayoritariamente por mujeres, conforman el 50,2 por ciento de la población nacional (Censo de Población 2001-INE). En tal sentido, se reconocieron los derechos de las mujeres en todos los capítulos de la Constitución Política del Estado. El 50% del Gabinete Ministerial está integrado por mujeres. La prohibición y penalización de toda forma de discriminación contra las mujeres y el derecho a no sufrir violencia de ningún tipo en la familia y la sociedad están especificados en el texto constitucional. Respecto a la participación política de las mujeres, en la norma se ha establecido la equidad e igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. La Ley del Régimen Electoral Transitorio especifica que las listas de candidatos y candidatas al Congreso Nacional, así como a las asambleas departamentales y concejos municipales, deberán respetar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.