Piden a EE.UU que no deporte una defensora de los inmigrantes
La mexicana Maru Mora Villalpando se enfrenta a un proceso de expulsión tras denunciar presuntas violaciones de los derechos humanos en un centro de detención de inmigrantes gestionado por una empresa privada que opera en nombre del Gobierno estadounidense.
El Gobierno de Estados Unidos debe respetar los derechos de quienes defienden los derechos humanos, indicó este miércoles un grupo de expertos de la ONU.
La petición se produce después de que el Ejecutivo norteamericano haya iniciado el proceso para deportar a una mujer mexicana que lucha en favor de la protección de los derechos de los inmigrantes.
Maru Mora Villalpando reside en Estados Unidos desde 1996 y podría ser deportada después de haber denunciado supuestas violaciones de los derechos humanos en un centro de detención de inmigrantes operado por una empresa privada, que opera en nombre del Gobierno norteamericano.
Los expertos instaron a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no se adopte ninguna acción, entre las que se incluyen la detención y la deportación, como medida de represalia contra Villalpando.
El grupo de especialistas instó al Gobierno estadounidense a que proteja y garantice el derecho a la vida en familia de Villalpando y que pueda ejercer su labor como como defensora.
A juicio de los relatores, los trámites para iniciar la deportación parecen responder a un patrón creciente de intimidación y represalia hacia los defensores de los derechos humanos,
Villalpando es cofundadora de un grupo que denuncia las violaciones a los derechos humanos en el Centro de Detención del Noroeste de Tacoma, en el estado de Washington. Su hija posee la ciudadanía estadounidense y tiene 20 años.
Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.




