No debemos olvidar que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana.

¿Podemos celebrar o no el Día del Trabajo? La situación no es halagüeña como para salir con petardos.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraron, al tercer trimestre del 2023, que la tasa de desempleo en Bolivia alcanzó el 3,6%. Sin embargo, es una incógnita cómo este ente estadístico realiza la revisión de esta variable. Según algunos expertos, la pregunta que realiza no es la más adecuada, la correcta sería: ¿Usted ciudadano/a trabajó en el último mes con salario digno, cotizaciones a la Seguridad social de largo plazo, seguro de salud y otras prestaciones? Y no solamente se debería preguntar si logró conseguir algunos billetes para llenar una cada vez más paupérrima canasta familiar.

Pero al parecer al gobierno le interesa que los ciudadanos y ciudadanas en edad de trabajar hagan cualquier cosa para conseguir el pan de cada día, porque la calidad del empleo ya es otro cantar.

Una muestra de lo anterior es que en la gestión 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que en Bolivia, el 80% de las personas trabaja en la informalidad. El 87% de estas personas son mujeres y, de este porcentaje, 4 de cada 10 desempeñan sus actividades por cuenta propia, poniéndonos como el país de Sudamérica con más trabajadores informales, es decir, con gente que quizá tiene un profesión u oficio, pero que como dicen los argentinos “se la banca” como puede, sabiendo que en cierta forma está hipotecando su futuro, puesto que no tendrá una jubilación digna. Si se enferma tendrá que ver cómo merman sus ingresos para recurrir al sistema de salud público o  si puede al privado, además de no contar con otras protecciones laborales necesarias para una vida digna.

Otro dato llamativo y que confirma lo dicho sale de información dada por la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), que refiere que sólo el 10% de las y los trabajadores informales tiene un seguro de salud y 20% realiza cotizaciones a la Gestora Pública. Estos datos son alarmantes porque luego estas personas tendrán muchos problemas durante su vejez y probablemente se constituirán en una carga para el Estado que no sabrá cómo atenderlas.

Muchas y muchos analistas se preguntan: ¿Dónde está el empleo?, pues en el sector público al parecer no tanto, y ésta es otra gran incógnita, puesto que hay ciudadanos que ven como una tabla de salvación acogerse a las diferentes entidades del Estado como gran benefactor que siempre ha sido, obviamente, previo juramento de fidelidad al mandamás de turno, sea en el gobierno central, departamental o municipal.

El año 2022, la administración pública cerró con 424,4 mil ítems, pero –aunque no se crea– sólo el 2% de esa cifra está centrada en el Órgano Ejecutivo, el resto se encuentra distribuido principalmente en el magisterio, municipios, gobernaciones, Fuerzas Armadas y Policía (74%). Interesante dato, considerando además que dentro del Estado hay también servidoras y servidores públicos de segunda categoría, como son los casos del personal eventual y de los famosos consultores de línea, estos últimos en una situación laboral peor que la de un informal, a pesar de que uno de los principios constitucionales y de derechos humanos es el respeto a la igualdad y a la no discriminación de la persona.

Observando estos datos, al final se puede concluir que la Central Obrera Boliviana se moviliza para un incremento salarial para un sector minoritario de la población (20%) e incluso un porcentaje menor. Sería interesante que ese ente pudiera realmente preocuparse de otros elementos que hacen más a la calidad del empleo y las posibilidades laborales con la ampliación de mercado. Desgraciadamente su “chip” sigue en el siglo XIX y mediados del XX  y, por lo tanto, seguro saldrá a marchar este 1ro de mayo bajo esas trasnochadas consignas.

Tampoco es que el sector privado sea la panacea. Ya sabemos también que el empresario no es un filántropo y, por lo tanto, su objetivo es ganar dinero de cualquier manera y la experiencia nos ha mostrado que lo que menos le importa a la gran mayoría es su capital humano, ni hablar de derechos humanos con el sector, a pesar de los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas de introducirse con diversos estudios y encuentros internacionales especialmente con las grandes transnacionales siempre se encuentra cierta hipocresía en este grupo.

Otro elemento a tomar en cuenta, para dejar de celebrar este 1ro de mayo, es el trabajo de la niñez y adolescencia. La Defensoría del Pueblo señalaba en una investigación, que de 3 millones de niños, niñas y adolescentes en el país, aproximadamente 739 mil realizan una actividad laboral o trabajan por cuenta propia o ajena, situación por demás complicada por la falta de protección de este sector poblacional vulnerable, a pesar de la existencia de marcos constitucionales y legales que prohíben el trabajo para niños y adolescentes menores de 14 años; sin embargo, es evidente la falta de su efectiva aplicación.

De la misma manera, otro grupo vulnerable es la población femenina, que todavía muestra cifras negativas. Según un estudio del BID, la brecha de participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres en Bolivia es de 26% a favor de los hombres. Esta diferencia se explica debido a las responsabilidades en los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos: 8 de cada 10 mujeres en edad de trabajar se ve obligada a quedarse en casa al cuidado de la familia u otros familiares. La segregación ocupacional por género, entendida como una mayor participación de las mujeres en ciertas ocupaciones (particularmente aquellas con menores ingresos) es una característica común en Bolivia. De la misma manera, todavía se reporta una brecha salarial entre hombres y mujeres cuando se realizan trabajos iguales o similares.

Como se observa, los datos son preocupantes y de urgente atención. No debemos olvidar que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad, por ello, si usted lector o lectora tiene un trabajo estable, con un salario fijo, seguridad social y salud, considérese bendecido; pero piense en quienes no tienen todo eso.