Esta tendencia vigilante se reproduce en las medidas públicas asumidas para disminuir las problemáticas de violencias e inseguridades.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la Ley 358 referida al uso, control y funcionamiento de los dispositivos electrónicos de vigilancia, por ahora, destinados a los acusados de violencia intrafamiliar. Consiste en un sistema de vigilancia electrónica (mediante manillas), que prevendrán que estas personas se acerquen a sus víctimas.

A primera vista, la medida parece apta para resolver dos grandes problemas que tenemos en el país: reducir el hacinamiento carcelario y disminuir la escalonada de violencia en razón de género. Visto de esa manera, vamos en buena dirección, mucho más cuando se está buscando frenar uno de los principales problemas de violencia e inseguridad del país.

En efecto, tomando como ejemplo el caso de Cochabamba, los datos oficiales muestran que dos tipos de denuncias han sufrido un aumento constante y alarmante en los últimos 10 años: principalmente los de “violencia en razón de género” (entre las cuales se incluyen violaciones a mujeres, niños(as) y adolescentes y violencia doméstica) y los que atentan contra la integridad de las personas (asesinatos, homicidios, feminicidios, infanticidios, lesiones graves y gravísimas, entre otras). En este segundo grupo los hechos que más se incrementaron son las “lesiones graves y leves” y los “homicidios y lesiones en accidentes de tránsito”, es decir, casos que dan cuenta de relaciones violentas entre ciudadanos.

Este escenario está fortaleciendo la posición popular de demanda de “mano dura”, que conlleva mayor control y punición de infractores (no en vano Bukele es visto como ejemplo). La sociedad se vuelve cada vez más vigilante y la “participación activa” en la seguridad ciudadana se traduce no sólo en la multiplicación de barrios cerrados, contratación de protección privada, instalación de cámaras en los espacios públicos o de muñecos colgados y letreros de amenaza, sino también en una vigilancia activa a los funcionarios públicos [visible en “tapiados” de instituciones públicas, “toma de rehenes” de aquellos considerados corruptos] y, como expresión máxima, la formación de “guardias sindicales” encargados de prohibir y controlar el paso de los con-ciudadanos, privatizando las esferas públicas.

Esta tendencia vigilante se reproduce en las medidas públicas asumidas para disminuir las problemáticas de violencias e inseguridades. De índole populista, las mismas apuestan a un control físico policial, ahora realizado mediante el uso de los dispositivos tecnológicos de control (cámaras en las calles y manillas tecnológicas). Las máquinas coadyuvan a los humanos en las tareas vigilantes; el big brother, disfrazado de Estado o de simple ciudadano, se ha modernizado.

No obstante, a largo plazo, ¿cuán eficientes son estas medidas? En vez de preguntarnos acerca de cómo controlar y vigilar mejor, ¿no deberíamos cuestionarnos sobre cómo enfrentar el problema de fondo, a saber, la violencia como forma de relacionamiento de género y ciudadano en el país? Quizás la respuesta no consista en colocar manillas sino en reconstruir lazos sociales de todo tipo (incluyendo los de género) en una sociedad cada vez más violenta. En vez de apostar a una lógica de control, ¿no sería mejor implementar una lógica de (re)construcción? Obviamente, eso no se limita a comprar manillas (que sirve también para justificar los POA), sino implica un trabajo de restauración de tejido social desde abajo, tarea mucha más compleja y definitivamente menos visible para fines electorales.