Tenemos que vanagloriarnos como país de leyes justas, no de leyes guillotina

En días pasados, el Vicepresidente del Estado, en respuesta a las preocupaciones expresadas por el representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, por las pretensiones oficiales de aplicar retroactivamente delitos y penas en perjuicio de personas sometidas a procesos penales, afirmó que Bolivia en su Constitución, de manera soberana, así lo dispuso, pese a quien le pese, incluida la ONU. El Vicepresidente desconoce que ningún Estado, desde que existe la ONU, puede ampararse en su soberanía interna para justificar la violación a cualquier derecho humano reconocido en el ámbito internacional, como es el derecho a no ser juzgado penalmente por leyes retroactivas más perjudiciales para el imputado. El principal límite a la soberanía de todo Estado, es precisamente el respeto a los derechos humanos. El Vicepresidente sólo afirma la norma de la Constitución que constituye un claro ejemplo de persecución política, el artículo 123; no menciona el artículo 116 que establece que toda sanción penal debe fundarse en una ley vigente al momento del hecho y el 256 que reconoce la aplicación preferente con relación a la propia Constitución de los Tratados sobre derechos humanos que establecen derechos y garantías más favorables para las personas. Todos los Tratados vigentes en Bolivia reconocen el derecho a ser juzgado con la ley penal más benigna. Esta aparente contradicción de la Constitución, jurídicamente no existe, porque prevalecen sobre ella los tratados de derechos humanos que reconocen derechos y garantías más favorables para las personas; en consecuencia todas las leyes penales, incluida la mal llamada Marcelo Quiroga Santa Cruz, deberían sujetarse a la normativa internacional vigente en Bolivia en lugar de violarla. Llama la atención que a los pocos días del exabrupto del Vicepresidente, el Presidente del Estado, por supuestas razones vinculadas a la protección del medio ambiente, proponga crear una ONU paralela denominada UNO. Esperemos que la razón verdadera de esto no sea la de liberarse del sistema internacional de los derechos humanos, para justificar en Bolivia actos arbitrarios y aberrantes contra los derechos humanos. No debemos olvidarnos que la ONU nace, después de la segunda guerra mundial, como respuesta a los vejámenes cometidos contra los derechos humanos por el régimen nazi de Hitler. Seguramente cuando este personaje violaba sistemáticamente los derechos humanos de judíos y no judíos, entre ellos el derecho a no ser sometido a leyes penales más graves aplicadas retroactivamente, invocaba la soberanía del Estado alemán. Si Bolivia quiere imponer al mundo un capricho de sus gobernantes, en contra del sistema internacional de los derechos humanos, tendría que retirarse de la ONU o exponerse a sanciones internacionales, situación insólita y extrema, que nos dejaría mal parados como país ante la comunidad internacional de naciones. Tenemos que vanagloriarnos como país de leyes justas no de leyes guillotina. *Carlos Alarcón