La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico contra el Estado boliviano. Lo encontró responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez, en perjuicio de una joven, Brisa, que fue violada por un hombre 10 años mayor, y que no encontró justicia en Bolivia.

La sentencia relata el calvario que vivió Brisa y refleja la realidad que atraviesan miles de mujeres a diario en este país, cuando acuden a denunciar violencia sexual o maltratos físicos. No solo es la falta de calidez para tratar a las víctimas, sino también las tipificaciones de los delitos, la retardación de justicia y la humillación que se impone a quien se atreve a buscar justicia, más aún cuando es mujer y debe enfrentar los prejuicios de género que prevalecen en varios funcionarios.

El documento emitido ayer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona con claridad meridiana el estado del sistema de justicia en un relato que debería avergonzar a todos los actores estatales en este proceso. Textualmente dice: “Algunos operadores de justicia utilizaron estereotipos de género para referirse a atributos personales de la presunta víctima y así cuestionar la existencia de la violencia sexual. Aunado a ello, la Corte constató que el Estado requirió que la niña se sometiera a dos exámenes ginecológicos de manera innecesaria, fuera entrevistada para que contara lo sucedido en diversas ocasiones, y que, todo ello, sumado a la falta de atención integral a la víctima, aumentó el trauma sufrido, mantuvo presente el estrés postraumático e impidió la recuperación y rehabilitación de la niña, cuyo impacto perdura en su integridad personal hasta la actualidad. En consecuencia, la Corte concluyó que Bolivia incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación por motivos de género, así como por la condición de persona en desarrollo de la víctima, el derecho de acceso a la justicia de Brisa. Adicionalmente, el Tribunal consideró que el Estado se convirtió en un segundo agresor, al cometer distintos actos revictimizantes que constituyeron violencia institucional y deben calificarse, teniendo en cuenta la entidad del sufrimiento provocado, como un trato cruel, inhumano y degradante”.