En la actualidad, pese a que nuestra Constitución Política, en su artículo 14.II, establece que “el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura” y que otras disposiciones legales garantizan el goce de los derechos fundamentales, la población sigue sufriendo de estigma, discriminación y vulneración de sus derechos.

Un joven flagelado por su orientación sexual con la excusa de “te vamos a enseñar a ser hombre”, el fallecimiento de personas con VIH por dificultades al acceso a los servicios de salud, despidos injustificados al conocer el diagnóstico de VIH, la violación de la confidencialidad del diagnóstico, son parte de las 23 historias recogidas y denunciadas por el observatorio comunitario durante 2022 en Cochabamba.

En la actualidad, pese a que nuestra Constitución Política, en su artículo 14.II, establece que “el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura” y que otras disposiciones legales garantizan el goce de los derechos fundamentales, la población sigue sufriendo de estigma, discriminación y vulneración de sus derechos.

Con la promulgación de la Ley 3729 del 8 de agosto de 2007 para la prevención del VIH-Sida, protección de los derechos humanos y asistencia integral multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH-Sida, se buscaba prevenir y sancionar toda forma de discriminación y violación a los derechos humanos.

Lamentablemente ese propósito no se cumple por la insuficiente información, y a menudo ignorancia, de la población en general, gran parte del personal de salud y autoridades políticas acerca de esa y otras disposiciones legales.

Once de los 23 de los casos de vulneración de derechos registrados este año por el observatorio comunitario (48%) se dieron en los servicios de salud, por maltrato, negligencia y rechazo de atención. Esta situación es una gran barrera para disminuir la transmisión del VIH en nuestro país y obstaculiza la meta de lograr el fin de la epidemia del VIH a nivel mundial.

Las personas con VIH que acceden a servicios de salud de manera oportuna tienen mejor calidad de vida y evitan la aparición de enfermedades oportunistas y sobre todo contribuyen en la prevención del VIH. Es importante conocer que las personas con VIH en tratamiento y que logran tener una carga viral indetectable ya no transmiten el virus, aunque tengan relaciones sexuales sin preservativo, es la estrategia I=I: Indetectable es Intransmisible.

La vulneración de los derechos humanos de la población de diferente orientación sexual, personas con VIH, trabajadoras sexuales o de cualquier ciudadano por su condición social, étnica o económica, etc., constituye una grave ofensa a nuestra sociedad y es un factor determinante para obstaculizar el desarrollo humano de un país.

La discriminación por los motivos descritos no se circunscribe sólo a los servicios de salud, sino que también se produce en unidades educativas, universidades, Fuerzas Armadas, Policía, iglesias, justicia, empresas, etc. La mayoría de las instituciones que vulneran los derechos humanos refiere que no conoce las leyes, normativas y resoluciones. Otros, especialmente en salud, la justifican con la saturación de los servicios públicos.

A pesar de los discursos que proclaman como prioridad la salud, la educación y la justicia, el Presupuesto General del Estado asigna recursos insuficientes a los ministerios de esos sectores. Esta situación determina un retraso global en el desarrollo de los derechos humanos.

Existen deficiencias en la formación de profesionales de distintas carreras universitarias. En el ámbito de la salud, ausencia de ética y deontología médica, además de carencias de infraestructura, equipamiento, personal, investigaciones científicas, etc.

La pandemia de Covid-19 agravó esta situación en nuestro país, la región y el mundo. Frente a ello, los líderes políticos no están brindando las respuestas que la población requiere de manera urgente en salud, educación, justicia, trabajo, seguridad y transparencia en la gestión pública.

El Instituto para el Desarrollo Humano y el Defensor del Pueblo de Cochabamba crearon en 2017 un observatorio comunitario para dar respuestas a las continuas vulneraciones de derechos de las personas con VIH, población TGLBI y trabajadoras sexuales.

El observatorio comunitario también apoyó con otras 20 situaciones de vulneración que no llegaron a una denuncia formal, por miedo a las represalias o por temor de ser visualizados, en el año hubo 43 violaciones.

Existe la necesidad de empoderar a las personas con VIH, diversidades sexuales y trabajadoras sexuales y población general sobre sus derechos y obligaciones con relación a la salud sexual, la educación y la justicia. Asimismo, que las autoridades pertinentes estén bien informadas sobre las leyes, normas y reglamentos establecidos y las hagan cumplir.

Entonces, podríamos decir que estamos avanzando en los derechos humanos en Bolivia, eliminando prejuicios sexuales, el estigma y la discriminación, tal como lo propone la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual Bolivia firmó los acuerdos de llegar a las metas 95-95-95 para erradicar en 2030 el sida como un problema de salud pública.

Hoy lamentamos decir que más bien estamos retrocediendo por los fundamentalismos políticos y religiosos que existen.

Sólo la educación puede salvarnos de este periodo oscurantista y el respeto al prójimo permitirá convivir en armonía a pesar de todas nuestras diferencias. No sólo el 10 de diciembre se debe recordar el Día de los Derechos Humanos, sino los 365 días del año.