El informe “sobre las características de feminicidio y la respuesta del sistema de justicia en las nueve capitales y El Alto-2020” examina avances, ausencias y fallas en el procedimiento y respuestas de los operadores de justicia en los casos de la muerte de mujeres por feminicidio, un reto que ha quedado corto en muchos gobiernos.

En América Latina, La violencia contra las mujeres constituye la primera causa de muerte entre mujeres de 15-49 años por delante de la suma de las muertes provocadas por el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras. En el día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer-25 de noviembre- es necesario reflexionar sobre aquellas que han perdido la vida víctimas de la violencia extrema: feminicidio que entre 2015 y 2020 según datos del Ministerio Público, alcanzó en promedio 114 por año, lo que posiciona a Bolivia en el tercer lugar entre los países de América Latina con una mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres y en uno de los más peligrosos para ser mujer.( https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/bolivia-es-uno-de-los-paises-con-mas-feminicidios-per-capita-del-mundo-383815)

El informe “sobre las características de feminicidio y la respuesta del sistema de justicia en las nueve capitales y El Alto-2020” examina avances, ausencias y fallas en el procedimiento y respuestas de los operadores de justicia en los casos de la muerte de mujeres por feminicidio, un reto que ha quedado corto en muchos gobiernos.  Si bien las estadísticas de feminicidio, solo muestran una parte de ella, en este estudio se revisaron 173 procesos penales por delitos de feminicidio abiertos en el periodo 2018 – a agosto- del 2020.

El término feminicidio, acuñado por la antropóloga Marcela Lagarde, es la expresión más brutal de violencia contra las mujeres y un tipo penal complejo, que considera la muerte intencional y generalmente violenta de mujeres cuya motivación y causa de muerte es el hecho de serlo. No es sólo un atentado contra el derecho a la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas legales nacionales e internacionales, sino el último paso de violencia contra las mujeres. Por ello, uno de los avances más importantes en Bolivia, es su reconocimiento e inclusión en la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia-Ley 348 de 2013, hecho que logra que la muerte de una mujer en una relación íntima, no se diluya en lo que la prensa titulaba, hasta hace muy poco, como “crímenes pasionales”.  

Existen diferentes tipos de feminicidios, el estudio se refiere especialmente al    feminicidio íntimo, abrumadoramente común en el país. De hecho, casi se podría considerar “otra pandemia” la muerte de las mujeres a mano de sus parejas íntimas. Este tipo de feminicidio permite comprender la magnitud de la violencia intrafamiliar o doméstica que tiene como resultado la muerte violenta de mujeres por parte de sus parejas.

No hay pierde en los datos, el 28.40% de los feminicidios fueron cometidos por el cónyuge y 24.85% por el conviviente de la víctima, el resto fueron cometidos por ex–cónyuges, ex-parejas o ex-enamorados, lo que da un impactante 92%de los casos de feminicidios de tipo íntimo. Todavía están en la memoria los casos de la periodista Analí Guaycho, y otras más, muertas a manos de sus parejas o exparejas.

Según el informe, en el 60.61% de los casos el agresor tenía o tuvo una relación de afectividad o intimidad con la víctima (con o sin convivencia), lo que convierte al hogar o domicilio compartido el lugar preferido para asesinarlas -35.76% de los casos- mientras que en la vía pública fue del 27.88%. Es decir, ellas corren más peligro de morir al interior de sus hogares y a manos de sus parejas o exparejas, que en vías públicas y por desconocidos.  Este dato, desmiente uno de los mitos más extendidos por la cultura patriarcal, el hogar como un paraíso de seguridad para las mujeres. En realidad, para muchas es lo más parecido al infierno.

¿Porque las matan ellos?, los argumentos son viejos conocidos, celos, en primer lugar (45.45%), ruptura sentimental (15,4%), infidelidad (10,91%) y problemas económicos (10,91%).

Un dato de piedra en el informe y que deja pensando, son las bajas denuncias de las mujeres antes del asesinato. Siendo el feminicidio la última fase de un continuo de violencia que va desde el acoso verbal, abuso emocional, sexual y violencia física, apenas el 29.63% hizo una denuncia. Sin embargo, las autopsias revelaron que más de la mitad (52.32%) de las víctimas presentaban signos de violencia sistemática.

Lo anterior obliga a una reflexión al respecto ¿por qué las mujeres víctimas de violencia doméstica denuncian poco estos hechos ante las instancias correspondientes? La respuesta la dio el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, mientras era fotografiado con su perro, en entrevista reciente (sep. 19 2021) “Ellas no creen en la justicia, tienen miedo de su agresor y porque un 30% aproximadamente desconoce la normativa legal vigente”. Por lo que una solución que considera importante el ministro, es trabajar en la socialización de normas y protocolos para que la población conozca sus derechos y en caso de una agresión las mujeres sepan que mecanismos deben activar.   Nada dijo sobre cómo recuperar la confianza de las mujeres en la justicia ni sobre la prevención, considerada la intervención más estratégica para superar la violencia contra la mujer a largo plazo.   

Indudablemente se ha avanzado con respecto al proceder en los casos de feminicidios. Un aspecto positivo es el uso del cumplimiento Estándar de la Debida Diligencia en la realización de acusaciones e informes. Esto se refleja en la calidad técnica en los contenidos de la acusación que en el 98,85% de los casos se prepararon con una descripción clara, concreta y completa de los antecedentes.  Así mismo los informes policiales conclusivos (96.15%) se realizaron de forma objetiva y sin consideraciones personales. Talvez no parezca mucho, pero si consideramos que no hace tanto, se anotaba informaciones del tipo “la víctima le gustaba muchos las fiestas, el trago, etc.”  Aspectos que eran tomados como importante cuando no tenían nada que ver con el hecho mismo del feminicidio y se convertían en un obstáculo en el acceso a la justicia de las víctimas.

Pero el país reprueba en la retardación de la justicia hacia las mujeres. Dos ejemplos al respecto.  El primero, explica Mónica Bayá coordinadora del estudio, son los casos de ampliación de los plazos de audiencia. Casi la mitad de las investigaciones de feminicidio a pelan a esta figura, bajo argumentos de complejidad o que no se han efectuado actuaciones investigativas. Sin embargo, en el 26.6% de los casos, esta ampliación es un periodo muerto y sin grandes actuaciones.

La ampliación de las investigaciones en casos de feminicidios no encuentra justificativo alguno en el bloque de constitucionalidad. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las primeras fases de la investigación son cruciales en casos de feminicidio, esta debe realizarse de manera diligente y responsable, no como una simple formalidad condenada a ser infructuosa porque de lo contrario, ocasiona retardación injustificada que afecta la debida diligencia, crea retraso en la investigación, vulnera el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

El segundo ejemplo, tiene que ver con la abrumadora carga procesal que existe en el Ministerio Público. Los casos de violencia contra las mujeres, representan el 35% de la carga procesal. Anualmente se presentan entre 38 a 40 mil denuncias al sistema de justicia por violencia, más de 80% son por violencia familiar o doméstica. Es decir, un promedio de 100 denuncias diarias por violencia contra las mujeres. El escenario es fiscales, investigadores y jueces e investigaciones de forense, rebasados por la carga procesal, lo que se convierte en déficit de capacidad institucional y recursos humanos para llevar a cabo los procesos.

Según un estudio “No hay Justicia para mi” realizado en 2019 a menudo los casos de feminicidio se ven afectado por la carga excesiva de trabajo de los fiscales y la falta de recursos. Se estima que alrededor del 30% de las evidencias disponibles en las investigaciones criminales no se procesa por falta de recursos.

Finalmente, cabe destacar en el informe la contabilización y visibilización de los hijos/as de las mujeres asesinadas, usualmente ignorados dentro de los datos y no es un dato menor, en el 35.9% de los casos las víctimas de feminicidio tenían hijos en común con el agresor. Un dato de horror, el 21,43% de los/as hijos/as de la víctima presenció el asesinato de su madre, que según recoge el informe, la mayoría fueron cometidos con extrema crueldad (34% de los casos fue por golpe y traumatismo),  

Los hijos e hijas de las mujeres asesinadas, también son víctimas. De hecho, toda la familia en un caso de feminicidio se convierte en víctima y la inmediata e inminente orfandad no se refleja únicamente con la muerte de la madre, sino también con la pérdida simbólica y física (en algunos casos) del padre. Los hijos/as de las mujeres víctimas de feminicidio precisan de especial protección, pero en el 75,31% de los casos no se dispusieron medidas de protección hacia ellos, pese a que tienen derecho a recibir una protección prioritaria e inmediata por parte del Estado.  

Al cierre de este artículo, ya se han contado para este año pandémico 90 feminicidios, hay mucho trabajo por hacer al respecto, no se puede tener una sociedad desarrollada con estas altas tasas de feminicidio.

Julia Durango es miembro del Grupo de Trabajo en Población y Desarrollo (@pydbolivia)