Después de 18 años de haberse promulgado su ley, la semana pasada, las trabajadoras asalariadas, con persistencia, lograron arrancar, en alianza con las instituciones de mujeres, un decreto supremo que permite su afiliación a la Caja Nacional de Salud, para ejercer sus derechos laborales y a la salud.

Tuvieron que pasar varios años hasta lograr que las autoridades legislativas dieran curso a la promulgación de la Ley 2450 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, en 2003, y se reconociera a las trabajadoras del hogar como trabajadoras con plenos derechos, como tienen otros sectores en nuestra sociedad.

La ley establece entre sus derechos, el pago de salario mínimo nacional, indemnización por años de servicios, desahucio en caso de despido injustificado, aguinaldo, vacaciones, sindicalización, afiliación a la Caja Nacional de Salud, en el marco de lo dispuesto en la Ley General del Trabajo, su Decreto Reglamentario, Código de Seguridad Social y disposiciones conexas.

En 2013, con su ratificación, se incorpora a nuestra normativa nacional, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ser un tratado internacional en materia de trabajo, parte constitutiva de los derechos humanos y ser parte del bloque de constitucionalidad, pudiendo aplicarse por jerarquía normativa, con preferencia a la propia Ley.

A pesar de ello, para nadie son desconocidas las precarias condiciones en las que se desarrolla el trabajo doméstico asalariado, realizado en su mayoría por mujeres indígenas y migrantes del área rural; que se encuentran en desprotección ante la vulneración de sus derechos laborales, jornadas extendidas sin horarios claros, salarios que en muchos casos no llegan al salario mínimo, no cuentan con aguinaldo, no tienen seguridad social de corto y largo plazo (salud y jubilación), no cuentan con licencias ni vacaciones; viven situaciones de violencia, acoso laboral y sexual de parte de sus empleadores, hostigamiento, discriminación, explotación laboral, entre otras.

Se estima que alrededor de 52,6 millones de personas en el mundo se encuentran realizando trabajo doméstico asalariado, en América Latina el número alcanza a 14 millones y en Bolivia, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística (INE ) del segundo trimestre de 2021, estima aproximadamente cien mil trabajadoras asalariadas del hogar.

Después de 18 años de haberse promulgado su ley, la semana pasada, las trabajadoras asalariadas, con persistencia, lograron arrancar, en alianza con las instituciones de mujeres, un decreto supremo que permite su afiliación a la Caja Nacional de Salud, para ejercer sus derechos laborales y a la salud.

Las trabajadoras del hogar han sido uno de los sectores más afectados en el periodo de la pandemia y varias de sus reivindicaciones continúan pendientes: lograr que las normas vigentes se traduzcan en mejorar sus condiciones laborales, así como enfrentar un conjunto de prejuicios, prácticas discriminatorias y el maltrato, fuertemente arraigados en nuestra sociedad. Esperemos que el Decreto sea ampliamente difundido y que los/as empleadores cumplan con su parte, en justicia y en reconocimiento, de que como todo trabajo, el trabajo asalariado del hogar requiere de las condiciones más dignas para su desempeño.

DESDE EL CUARTO PROPIO

Mónica Novillo G.

Feminista y comunicadora social

monicanovillo@yahoo.com