Indistintamente de la obligatoriedad (CPE, art. 241.I), tanto a la sociedad civil como a las y los gobernantes les conviene la participación de la gente en el diseño de las políticas públicas (leyes, reglamentos, protocolos y planes). Sin embargo, no se la practica auténtica y efectivamente por culpa de la violencia que se ejerce en los espacios y medios de participación social.

Indistintamente de la obligatoriedad (CPE, art. 241.I), tanto a la sociedad civil como a las y los gobernantes les conviene la participación de la gente en el diseño de las políticas públicas (leyes, reglamentos, protocolos y planes). Sin embargo, no se la practica auténtica y efectivamente por culpa de la violencia que se ejerce en los espacios y medios de participación social.
La participación ciudadana le conviene a las y los gobernantes, debido a que estos deben trabajar en políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas y que resuelvan los problemas con relación a la calidad de vida, en la realidad concreta. La manera cualitativa de saber cuáles son esas necesidades y problemas es que la gente que las vive las haga conocer a su gobernante. Este, al elaborar políticas que respondan a la realidad, logra satisfacer las demandas y, con ello, se hace un buen gobernante. Esto no solo asegura su reelección, sino su crecimiento para otros cargos de mayor alcance territorial.
Por otro lado, a la gente, le conviene participar en el diseño de las políticas públicas por los beneficios que obtiene, ya que logra que se resuelvan sus problemas y se atiendan sus necesidades. Al ser políticas públicas con efecto general, en gran parte de los casos (sobre todo si son leyes), no solo beneficia a los demandantes de la política, sino a toda la sociedad y al ámbito territorial.
Sin embargo, pese a los beneficios para ambas partes, la participación ciudadana no es practicada auténticamente, sino de forma simulada, debido a la violencia que se ejerce en los espacios y canales usados para ello.
Por alguna extraña razón, en buena parte de las sociedades urbanas (sobre todo en las ciudades intermedias), existe una cultura de violencia verbal altamente arraigada. Esto se puede apreciar en las asambleas, donde las y los representantes de la sociedad civil se reúnen con las y los gobernantes. Más aún, en la participación ejercida de forma directa por las redes sociales. En estas no solo suelen emitirse mensajes con cierta carga de violencia emocional (como ocurre en los espacios presenciales), sino que es frecuente llegar al extremo de los insultos y agresiones.
Naturalmente, a ninguna autoridad electa le gusta y, menos aún, le conviene, ponerse al frente de una multitud para ser lapidada con ofensas emitidas por la ciudadanía, por más razones que tenga esta para estar molesta. No solo porque daña su sensibilidad, sino, sobre todo, porque esas situaciones destruyen la buena imagen de esas autoridades. Esto es elemental para ellas y ellos, ya que, al ser electos por el voto, estarían reduciendo sus posibilidades de ser reelectos para el mismo u otros cargos.
Por esa razón, ante esa dinámica de riesgo político de la participación, para evadir la obligatoriedad impuesta por la Constitución (art. 241.I) y las leyes (031 y 341) para la participación social, las y los gobernantes optan por cooptar a las y los dirigentes y a simular tal participación. Para ello, suelen ofrecer cargos, contratos o ciertos beneficios para los dirigentes o sus allegados, obteniendo, así, el apoyo incondicional de estos en su favor. De esta manera, por ejemplo, cuando se tiene que adjuntar “el pronunciamiento de la instancia de participación y control social” (Ley 031, art. 114.IX.1.c) a la aprobación o reformulación del POA, se logrará conseguir el apoyo y las firmas de las y los dirigentes sin ningún problema. De este modo, en lo formal, ese POA habrá sido hecho con participación social, cuando en realidad no la hubo. Así, la participación ciudadana se convierte en una estafa y las políticas públicas resultan poco acordes a las demandas de la realidad.
Es necesario, por tanto, autentificar la participación social en el diseño de las políticas públicas. Para esto, la cooperación, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales y la propia ciudadanía deben, con urgencia, concentrar sus esfuerzos en promover la cultura de la no violencia en la participación ciudadana. No hacerlo, es condenar al país al fracaso constante de su transformación y logro de una mejor calidad de vida.

PLURALIZANDO LO PÚBLICO

Carlos Bellott
Experto en organización y funcionamiento del Estado
carlos.bellott@gmail.com