Hoy recordamos los 36 años de la promulgación del famoso decreto y, si bien muchas de sus disposiciones fueron modificadas o derogadas, su columna vertebral, que es el libre mercado, sigue tan vigente como entonces.

En 1985, ante la ola de protestas que había desatado la promulgación del Decreto Supremo 20160, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro declaró a los medios que esa norma, cuyo primer objetivo era frenar la hiperinflación, iba a tener una duración de 20 años, tiempo después del cual debería de ser reemplazada por otra, especialmente en lo financiero.

Pues bien, hoy recordamos los 36 años de la promulgación del famoso decreto y, si bien muchas de sus disposiciones fueron modificadas o derogadas, su columna vertebral, que es el libre mercado, sigue tan vigente como entonces.

¿Qué tan beneficioso es mantener una norma que, debiendo ser una respuesta circunstancial a una determinada coyuntura, como fue la hiperinflación, se ha convertido en algo así como una Constitución paralela, porque no solo regula la economía sino también otros aspectos como, por ejemplo, los feriados?

Lo primero que se debe reconocer, en aras de la verdad, es que, desde que el 21060 frenó la hiperinflación, porque en verdad eso hizo, nunca más volvimos a tener una crisis semejante. Al mismo tiempo, experiencias cercanas, como la venezolana, nos alertan de lo cerca que podemos llegar a estar de las peores calamidades económicas, políticas y sociales.

Por ello, juega a favor del decreto la constatación de que la economía boliviana está en mejores condiciones que la de otros países también latinoamericanos. Así lo indican muchos datos, entre los que se destacan las previsiones difundidas por los principales organismos internacionales que coinciden en ubicar a la economía boliviana como la que menos disminuido verá su crecimiento durante los próximos meses.

Las razones que explican esa relativa ventaja de nuestro país tienen mucho que ver con la prudencia con que durante los últimos tiempos se han conservado los lineamientos básicos de la política económica puesta en vigencia hace ya 36 años.

En efecto, a pesar de la dureza de los términos con los que aún hoy se refieren al histórico 21060 y de la manera “simbólica” como ese decreto fue derogado en muchas oportunidades, lo cierto es que el 21060 está vigoroso, pues sus lineamientos principales se mantienen intactos. Algo similar ocurre con otros pilares sobre los que se sostiene la economía nacional. Un ejemplo es la cautela con que el actual gobierno mantiene vigentes muchas de las cortapisas que heredó de sus antecesores para disponer de los excedentes provenientes de la renta hidrocarburífera. Es el caso de los diferentes bonos, cuya esencia se ha conservado desde hace más de 20 años, indistintamente de los cambios de nombres.

En términos prácticos, los bonos, así como los procedimientos establecidos para distribuir los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), son una especie de dique de contención a la libre disponibilidad de una parte sustancial de los recursos públicos. Eso explica en gran medida que Bolivia haya seguido un camino diferente al de Venezuela o de Argentina, por ejemplo.