Si se avanza en la superación del extractivismo y el cambio de la política energética, se habrá mejorado sustancialmente la gestión ambiental.

El día lunes 10 recién pasado, “Correo del Sur” publicó mi artículo “EL DISCURSO DEL VIVIR BIEN EN LA REALIDAD. Política de Gestión Ambiental en el Gobierno del MAS”, en el que describí una realidad de destrucción ambiental generalizada, contrapuesta al discurso del “vivir bien” o el cuidado de la madre tierra. Corresponde, entonces, proponer medidas que permitan cambiar esta realidad.

La principal causa de los problemas de gestión ambiental es la apuesta por el extractivismo. Exportar minerales, hidrocarburos, maderas, y productos agroindustriales como soya y cocaína, tiene el objetivo de generar ingresos, pero implica procesos productivos destructivos, contaminantes e insostenibles. Entonces, es imprescindible el cambio del patrón de desarrollo primario exportador por otro de diversificación de la economía.

Un segundo componente de una gestión ambiental mejorada debería ser el cambio de la política energética, con dos objetivos principales: a) promoción de la eficiencia energética, entendida como el ahorro de energía sin afectar el nivel de producción de empresas y el bienestar de las familias. b) promover la generación distribuida, que es la producción descentralizada de energía eléctrica, a partir de fuentes renovables, a cargo de muchos usuarios que generan y consumen electricidad al mismo tiempo, pudiéndole vender a las distribuidoras sus excedentes. Esto permitiría dejar de depender de los hidrocarburos fósiles y desechar definitivamente proyectos de construcción de megarepresas para generación eléctrica, como El Bala – Chepete.

Si se avanza en la superación del extractivismo y el cambio de la política energética, se habrá mejorado sustancialmente la gestión ambiental. Adicionalmente, algunas medidas concretas en esa misma dirección, serían las siguientes:

a) Definir un marco normativo adecuado. Actualmente, hay dos “normas base”: La Ley de Medio Ambiente (Ley 1333 de 1992) y la Ley Marco de la Madre Tierra (Ley 300, de 2012). Se debe decidir cuál primará sobre la otra, eliminar los vacíos normativos, las incompatibilidades y superposiciones con otra normativa, definir las competencias institucionales, etc.

b) Crear las condiciones para que las entidades existentes o por crearse puedan ejercer su rol de modo eficiente y eficaz. Por ejemplo, fortalecer las capacidades del Ministerio de Medio Ambiente, y de los gobiernos subnacionales, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y otros.

c) Respetar el ordenamiento territorial nacional y el de los gobiernos subnacionales. Es decir, respetar las áreas protegidas nacionales, departamentales, municipales y privadas, castigar y eliminar el tráfico de tierras y las amenazas de avasallamiento a los espacios dedicados a la conservación de la biodiversidad, reservas forestales y territorios indígenas.

d) Renunciar a la política de apoyo y promoción incondicional de productos agropecuarios para la exportación, incluyendo la producción de carne, semillas transgénicas, agroquímicos comprobadamente dañinos y otros. Una de las consecuencias de estas medidas será la disminución de la tasa de deforestación.

e) Desarrollar los mercados de servicios energéticos y ambientales, para que las empresas productoras de bienes y servicios (privadas y públicas) puedan aprovechar todas las oportunidades de producción más limpia (eficiencia energética, ahorro de agua, insumos y materias primas), reduciendo sus costos a la vez que disminuyen los impactos ambientales negativos de su producción. A pesar de que la rentabilidad de la producción más limpia está ampliamente demostrada tanto en Bolivia como en el mundo, no se aprovecha por falta de conocimiento y la carencia de empresas especializadas que identifiquen y ejecuten estos proyectos.

f) Construir la infraestructura necesaria para la recolección y tratamiento de aguas servidas y la gestión de residuos sólidos., disminuyendo la contaminación de cuerpos de agua y suelos.

Considero que la aplicación de esta propuesta mejorará la gestión ambiental y, por consiguiente, la calidad de vida de los bolivianos que es (o debería ser) el propósito fundamental de la gestión pública.