Bolivia cuenta, desde el 9 de marzo de 2013, con una ley que castiga con hasta 30 años de presidio a los feminicidas, sin embargo, los asesinatos de mujeres siguen perpetrándose, dejando en la orfandad a hijos que se quedan, de la noche a la mañana, sin sus dos progenitores, debido a que el padre huye o es encarcelado.

Bolivia cuenta, desde el 9 de marzo de 2013, con una ley que castiga con hasta 30 años de presidio a los feminicidas, sin embargo, los asesinatos de mujeres siguen perpetrándose, dejando en la orfandad a hijos que se quedan, de la noche a la mañana, sin sus dos progenitores, debido a que el padre huye o es encarcelado.

El número de feminicidios en el país, y particularmente en Cochabamba, se incrementan cada año, pese a que la Ley 348 contempla también medidas de prevención, protección, acciones educativas y diversas políticas públicas que buscan garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Un informe publicado por la Fundación Voces Libres da cuenta de que entre el 1 de enero y el 12 de abril de 2021, en Cochabamba se registraron 7 feminicidios que dejaron en la orfandad a 11 hijos. El 71% de estos crímenes sucedieron en el Trópico.

Las estadísticas que se publican en torno al feminicidio sirven para visibilizar este hecho que hasta hace algunos años se ocultaba, pero eso no es suficiente si no se asumen acciones firmes y se logran cambios en el accionar de las personas, especialmente en los hombres que, en muchos casos, no valoran la vida de una mujer y llegan a cometer este atroz crimen.

La Ley 348, según expertos en el tema, es completa, pero insuficiente si las entidades públicas no contemplan un presupuesto adecuado para equipar a las instancias que tienen la misión de proteger a las mujeres.

Asimismo, tenemos que recordar que el asesinato de una mujer no ocurre de la noche a la mañana (generalmente), sino que se trata en un proceso largo de violencia que, en muchos casos, se oculta o minimiza. La mayor parte de los feminicidios se puede prevenir, pero no se lo hace porque existe negligencia de las autoridades y complicidad de parte de familiares y vecinos que son testigos, pero que prefieren callar.

Y lo peor es que, cuando una mujer decide finalmente denunciar a su agresor, después de un proceso a medias, la justicia determina, pese a las pruebas, que el hombre violento regrese a vivir con su víctima, una decisión que es inaceptable.

Y muchas mujeres víctimas no tienen otra opción, porque lo contrario es quedarse, con sus hijos, en la calle, debido a que incluso sus familiares les dan la espalda.

Si la Ley 348 se cumpliera a cabalidad, la víctima y sus hijos, si los tuviera, tendrían que ser inmediatamente albergados en las casas de acogida y refugio temporal, para estar lejos del agresor. En estos espacios, según la norma, deberían recibir no solo alojamiento, sino también comida, asistencia legal, educación, capacitación laboral, trabajo y atención médica.

Pero en los hechos estos principios quedan solo en la teoría. Si seguimos transitando por este tortuoso camino, lo único cierto que tendremos a mediano plazo es una sociedad resquebrajada, con más familias disfuncionales y las estadísticas de feminicidio aumentando.