Estas violencias atraviesan el tejido social de lo individual a lo comunitario. No es casual que una dimensión de la violencia esté asociada a la feminización de las resistencias a los extractivismos.

En Bolivia, las cifras de las violencias contra las mujeres son alarmantes. Encabezamos listas de asesinatos y violaciones. Los últimos tres años los feminicidios han superado la centena. Tan solo hasta octubre de este año se contaron más de 100 casos, lo que hace suponer que se superará el número del año pasado. Es una verdadera tragedia que nos muestra cómo una sociedad extremadamente violenta que no es capaz de garantizar una vida segura a la mitad de su población.

La violencia hacia las mujeres no está reservada al hogar. También está presente en los espacios de trabajo, de organización social y sobre todo en los espacios políticos. Deseo llamar la atención sobre la proliferación de violencias extremas en los sectores extractivos.  

En estos, existe un extenso fenómeno de feminización, un aumento de la presencia creciente de mujeres en distintos tipos de actividades extractivas, sometidas a formas extendidas de violencia (Gandarillas, 2016). Por ejemplo, las guardas del Cerro de Potosí, que soportan el acoso y la discriminación de sus compañeros mineros son un ejemplo paradigmático de violencias laborales en los extractivismos. 

Uno de los fenómenos a los que están asociados los extractivismos es la trata de personas, mujeres y niñas en particular. En cada polo extractivista prosperan redes de tráfico que esclavizan mujeres con el fin de explotarlas sexualmente. Estas redes son cadenas criminales que se mueven de lo local a lo transnacional. En algunos casos acompañan toda la cadena de suministros extractivos. El fenómeno que aquí opera es el de la reducción de las mujeres a mercancías sexuales.

Empezando por los lugares de extracción propiamente dichos. Pongamos por caso los de extracción forestal. Hace algunos años, en el momento en que Guarayos se consolidó como un centro forestal, existían alrededor de 45 prostíbulos en la capital de una población de 18 mil personas, lo que arroja el dato de un centro de este tipo por cada 400 personas. Una parte considerable de las personas en situación de prostitución eran menores de edad explotadas por redes de tratantes. 

Un estudio de Unicef de 2018 sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en zonas mineras de Bolivia, mostró que en las zonas mineras de La Paz (Caranavi, Guanay, Tipuani, Teoponte, Mapiri y Mayaya), Potosí (Potosí, Uncía y Llallagua) y Oruro (Oruro y Huanuni) existe una asociación directa entre tratantes y grupos mineros. Entre las conclusiones señalaba que el extractivismo ahonda las asimetrías y por tanto la vulnerabilidad de niñas y mujeres frente a (los hombres) quienes concentran los recursos económicos.

Estas formas de violencia se complementan con formas de desarraigo asociados a los cambios en las vocaciones productivas y al aumento de la contaminación de los medios de vida de las mujeres. A lo largo de más de dos décadas, por ejemplo, las mujeres de las zonas mineras de la cuenca Poopó, región fuertemente impactada por la minería cooperativizada y estatal, vienen denunciando que la salinización de sus tierras y la contaminación de sus fuentes de agua las empujan a migrar hacia los centros urbanos  en condiciones de total vulnerabilidad. 

Estas violencias atraviesan el tejido social de lo individual a lo comunitario. No es casual que una dimensión de la violencia esté asociada a la feminización de las resistencias a los extractivismos. En efecto, las líderes de casi todos los movimientos ambientales o socioterritoriales han sido objeto de amenazas, violencia física y procesos judiciales. Es muy significativo que ese liderazgo femenino sea duramente resistido por los hombres de las organizaciones sociales (frecuentemente prebendalizados), los hombres de las empresas y del Estado. Y sin embargo y a pesar de ello, son casi los últimos reductos éticos de nuestra sociedad.

La violencia hacia las mujeres en los extractivismos no son hechos aislados. La consolidación de las economías extractivistas está estrechamente asociada a formas de violencia de género. En esa medida, como ocurre con los feminicidios, no es suficiente una ley o costosas campañas mediáticas llamando a un cambio de conciencia individual. Hace falta atender los factores como la asimetría económica que está asociada a los extractivismos o, en el plano cultural, la desvalorización de la vida de las personas y la naturaleza en general y de las las mujeres en particular.

 Marco Gandarillas es sociólogo.