El principio de probidad NO se cumple, por jueces y fiscales que tienen más de 50 denuncias de corrupción, y otras tantas denuncias de litigantes

La Constitución Política del Estado establece en el Art. 178 “I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, sin embargo, estos principios no los cumple la mayoría de los jueces y fiscales, porque NO existe independencia, están subordinados al poder público, responden a sus designios partidarios. La imparcialidad NO existe, está condicionada a quién paga más, la seguridad jurídica es vulnerada porque “le meten nomás” y cuando existen culpables de la vulneración a las leyes, son sobreseídos, liberados, aunque existan pruebas contundentes, consolidándose la IMPUNIDAD y como consecuencia la naturalización de los delitos, quedando la ciudadanía en completa indefensión, a merced de la delincuencia organizada, de jueces y fiscales que sin ninguna causa realizan las audiencias en secreto y dictan sentencia en minutos, obviando la publicidad.

El principio de probidad NO se cumple, por jueces y fiscales que tienen más de 50 denuncias de corrupción, y otras tantas denuncias de litigantes. La palabra celeridad es desconocida, existen 304.000 causas, los juicios los hacen durar años, hasta que los afectados agotan sus recursos y finalmente abandonan el proceso, porque se quedan en la pobreza. La gratuidad NO existe, porque si no se les paga por una simple notificación, la guardan y a veces “se pierde” el cuaderno de investigación, hasta que piden pago para su actualización. Cuando se quiere hacer ejercicio de los Arts. 241 y 242 de Participación y Control Social, de las organizaciones de la sociedad civil, ordenan a la policía despejar la Audiencia y NO permiten su ingreso. Ni qué decir de pluralismo jurídico, interculturalidad (no se cumple con la Constitución en cuanto a hablar idioma originario, equidad, armonía con la sociedad), llegó a tal grado la desidia, que el presidente del Tribunal Departamental de Oruro tuvo que declararse en huelga de hambre por la designación de jueces.

Según el Ministro de Justicia, el culpable es el Consejo de la Magistratura, los tres consejeros tienen procesos penales y juicios de responsabilidades en su contra, y nada hicieron por resolver y ahora se les acusa por no cumplir con su trabajo de asignar jueces y fiscales “probos”, cuando todos sabemos que ellos también están cooptados por el poder público y obedecieron durante los últimos 15 años con gran descaro, porque los 3 consejeros esperaron que Iván Lima les conmine a designar 150 jueces para cubrir las acefalías en toda Bolivia, que estaban paralizadas. Y es que los consejeros no se ponían de acuerdo por sus pugnas de quién se llunkea mejor ante el Número uno.

El informe “Estado de Justicia en Bolivia” por la Fundación Construir, corrobora y ratifica el estado ineficiente del sistema, no se cumple el principio de publicidad, y sobre la información a que tiene derecho la ciudadanía, los jueces y fiscales alegan “confidencial”, vulnerando la transparencia que debe primar en los servidores del Estado. Se muestra que los regímenes disciplinarios no garantizan el debido proceso, aceleran los casos cuando los sindicados no están de acuerdo con la ideología del gobierno de turno. No se implementó los juzgados especializados en la materia de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, no existe reparación a las familias de las víctimas, por el contrario, los violadores y FEMINICIDAS salen libres a seguir matando mujeres. El Estado incumple con los Derechos de los Pueblos Indígenas y en las cárceles el hacinamiento se triplica y de los presos el 63% está sin condena.

Esperemos que los expertos internacionales presenten informes imparciales, con el objetivo de lograr recuperar la institucionalidad y la INDEPENDENCIA del poder público, porque nuestro sistema judicial perdió toda credibilidad. Los informes deben servir para restablecer la transparencia y la probidad del sistema, que involucra a la policía y los servidores judiciales hoy tan devaluados.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.