La Asamblea Legislativa Plurinacional, como la mayoría de las instituciones públicas del país, no adecuó su normativa a la Ley 243 contra acoso y violencia política, por lo que no ofrece mecanismos de denuncia y sanción a las nuevas autoridades legislativas.

Apenas terminamos de celebrar los resultados del proceso electoral nacional 2020 y los inéditos porcentajes logrados en términos de representación política de las mujeres, ya vemos con zozobra y preocupación las elecciones subnacionales. Los recientes casos de acoso y violencia política reconfirman que el incremento de la presencia de las mujeres en los espacios de decisión va de la mano con expresiones de acoso y violencia política. 

Fueron las concejalas quienes, hace más de 20 años, denunciaron que el ámbito político es hostil con las mujeres que ingresan en este espacio, e impulsaron la promulgación de una ley contra esta práctica que se ha naturalizado en la cultura política del país.

Los casos suman y cuentan. María Heredia, alcaldesa de Sipe Sipe, Susana Lima, alcaldesa de Caranavi, Luisa Quispe, alcaldesa interina de Palos Blancos, nombres de víctimas conocidas y que han cobrado relevancia pública, otros casos no han logrado atraer la atención de la opinión pública, ni la atención de la Policía, cuya actuación dista de cumplir con su deber de actuar de manera oportuna para protegerlas de las agresiones.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) registró entre 2016 y 2019, 124 denuncias y 35 renuncias por acoso y violencia política hacia las mujeres. Como referencia, de las 21 denuncias registradas en 2019, 17 corresponden a concejalas titulares, dos a concejalas suplentes, una a asambleísta titular y una a autoridades originarias.

Por su lado, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) registró en 2019 un total de 127 denuncias de acoso y violencia política. El 83% de las denunciantes acudió a la vía administrativa; el 8% a la vía penal; un 4% a la vía penal y electoral; y 2% a la vía penal y constitucional.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, como la mayoría de las instituciones públicas del país, no adecuó su normativa a la Ley 243 contra acoso y violencia política, por lo que no ofrece mecanismos de denuncia y sanción a las nuevas autoridades legislativas.

Pese a los esfuerzos por visibilizar la violencia y el acoso político, la mayoría de los casos y denuncias permanecen en la impunidad, a ocho años de la promulgación de la norma. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

DESDE EL CUARTO PROPIO

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

monicanovillo@yahoo.com