La garantía de rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones del país es, innegablemente, una tarea pendiente que deben esforzarse en cumplir las autoridades nacionales.

Un informe sobre la situación de los derechos humanos después de las elecciones de octubre, que ha sido hecho público por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en días pasados, ha causado, como era de esperar, reacciones encontradas. El ala dura del Gobierno boliviano sostuvo que no es objetivo y representa “un ataque a la democracia boliviana”, pero la canciller Karen Longaric ha destacado que el informe no se refiera a un golpe de Estado y que destaque la sucesión presidencial en Bolivia.  En el otro extremo,  quizás inopinadamente, la Cancillería argentina respaldó el reporte, pero distorsionando su contenido, pues habla de violaciones a los derechos humanos en el supuesto golpe de Estado en Bolivia. 

Pero más allá de las reacciones sobre el mismo, es interesante destacar algunos aspectos de fondo que este trabajo aborda. Uno de ellos es garantizar la adecuada rendición de cuentas de los hechos donde se registren violaciones a los derechos humanos. Si bien el documento se refiere concretamente a Sacaba y Senkata y a la muerte de 35 personas durante la crisis poselectoral, se señalan debilidades de larga data del Estado para esclarecer la  violencia. 

Este es un aspecto que claramente lo hemos vivido los bolivianos durante las últimas décadas: la falta de confianza e independencia de la justicia es estructural y ha llevado a que reiteradamente  hechos de violencia e incluso terrorismo de Estado -como el famoso caso separatismo- nunca sean debidamente esclarecidos. Desde los hechos de octubre de 2003 -que derivaron en la renuncia de otro presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada-, hasta los últimos acontecimientos de octubre y noviembre de 2019, pasando por casos como Chaparina, caso separatismo, caso La Calancha y otros, han pasado sin que una investigación clara, independiente y seria dé luces sobre los responsables. “Asegurar la verdad y la rendición de cuentas contribuirá a apaciguar tensiones y restablecer la confianza pública en las instituciones del Estado”, dice el informe, y evidentemente hay razones para coincidir con esta apreciación. En Bolivia, cada acontecimiento se lee con la mirada de quien lo juzga y al no tener una justicia proba y confiable, los hechos quedan, al igual que las víctimas, en la incertidumbre.

El informe de OACNUDH, entidad que es presidida por la expresidenta de Chile  Michelle Bachelet, se refiere al tema de la justicia de forma específica y sugiere “desarrollar una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso. Esta reforma debería incluir un diagnóstico profundo del sistema de justicia penal; revisar el proceso de selección de jueces, fiscales y Fiscal General; adoptar una ley sobre la carrera judicial”, entre otros. Asimismo, menciona, entre otros, la situación de las personas privadas de libertad, de la Defensoría del Pueblo y acciones que atentan contra la libertad de expresión -especialmente las agresiones a periodistas y medios de comunicación-.

El documento no exime de responsabilidades al exmandatario Evo Morales, a quien apunta como responsable de la polarización que vive el país desde que no respetara el referendo del 21 de febrero de 2016, y se postulara nuevamente a la presidencia. También menciona las irregularidades detectadas en la elección que posteriormente fue anulada y que derivó en su renuncia y las posteriores confrontaciones de noviembre pasado.

Con todo, debiera tomarse sus sugerencias con amplitud: la garantía de rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones del país es, innegablemente, una tarea pendiente que deben esforzarse en cumplir las autoridades nacionales. A la erosión y desmantelamiento dejado por el Gobierno anterior, que copó cada uno de los espacios institucionales del Estado, se suma la debilidad histórica del sistema de justicia, temas sobre los que no podemos hacer más que coincidir con el informe de Naciones Unidas. Leer estos documentos más allá de lo político  le haría más bien que mal a la democracia boliviana.