Al igual como ha ocurrido con los infanticidios, el número de mujeres asesinadas por cuestiones de género en los primeros días de este año se ha disparado. Algo que no sorprende, pues el origen de este tipo de agresiones es el mismo: la intolerancia y la cultura machista que impera en muchos hogares bolivianos; junto con la dependencia económica de muchas mujeres respecto a sus agresores.  

Con el propósito de combatir esta preocupante tendencia (en lo que va del año se han cometido al menos 12 feminicidios y seis infanticidios), el Gobierno transitorio decidió declarar a 2020 como Año de la Lucha Contra estos delitos. Además, instruyó al Ministerio de Justicia viabilizar la declaratoria de alerta nacional, con el propósito de poder destinar más recursos para la instalación de tribunales que brinden atención a las mujeres víctimas de violencia, y el impulso de políticas públicas que combatan este mal.

A tiempo de diseñar estas medidas, sería más que deseable que las autoridades recuerden que uno de los mayores obstáculos que deben superar las víctimas de maltratos es su sostenimiento económico. Esto porque muchas víctimas de violencia intrafamiliar dependen económicamente de su pareja, ora porque tienen poca experiencia laboral o capacitación, ora porque al formar un hogar se han dedicado por completo a la crianza de los hijos y a los quehaceres domésticos. Y esta situación de dependencia impide que varias de ellas consigan alejarse de sus agresores.

Incluso mujeres que antes de formar una familia se desempeñaban con total independencia financiera pueden quedar atrapadas en esta dependencia, puesto que la inserción o reinserción en el mundo laboral no resulta sencillo para quienes han estado alejados del mercado de trabajo durante varios años, aún con estudios universitarios. De allí la importancia de que el Estado brinde seguridad y apoyo material a todas las mujeres que deciden huir del flagelo de la violencia intrafamiliar, y en particular a quienes deben hacerse cargo de la manutención de sus hijos y carecen del apoyo de sus familiares.

La municipalidad de La Paz cuenta con un albergue de estas características, que no solo acoge y brinda alimento a las víctimas de violencia y a sus hijos, sino que además les proporciona apoyo psicológico y legal, clases para que aprendan a escribir y leer y talleres de capacitación en cuatro áreas: corte y confección, panadería, mecánica y plomería.

Sin embargo, por la falta de recursos este apoyo es solo temporal. Además, la gran cantidad de mujeres y niños que necesitan ayuda sobrepasa muchas veces su capacidad. Por lo cual, sería deseable que el Estado se ocupe de instalar más albergues de este tipo no solo en La Paz, sino en todos los municipios del país. Se trata de un requisito indispensable para garantizar que mujeres víctimas de violencia doméstica puedan alejarse de sus agresores y no depender de su apoyo para garantizar el sustento de sus hijos.