Aunque todavía está en la fase de debate en un comité de la Cámara de Diputados, se espera que hasta fin de mes concluya el tratamiento del proyecto de ley del Seguro Obligatorio de Accidentes del Trabajador de la Construcción (SOATC), que establecerá el pago de una póliza anual a cambio de cobertura médica y hasta indemnización en caso de accidentes fatales.

El Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia informó que podrán acceder al SOATC los obreros independientes, informales y cuentapropistas; es decir, los trabajadores de la construcción más vulnerables, precisamente por las condiciones en las que son contratados para laburar en ese rubro.

Según el anteproyecto, el seguro brindará cobertura ante gastos médicos por hasta Bs 7.000, e indemnización por muerte o incapacidad permanente hasta Bs 70.000. Será administrado por la aseguradora Univida y será obligatorio que los empleadores se aseguren que todos los trabajadores cuenten con este seguro antes de contratarlos. Asimismo, ningún centro de salud, público o privado, podrá rechazar la atención de un trabajador accidentado.

Consultado al respecto, el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se limitó a señalar que su gremio solo conoció una primera versión del anteproyecto de ley, pero también que cualquier medida “que vaya en beneficio de los trabajadores y en consenso con las empresas favorece al rubro”. Lo que no queda claro, reconoce el dirigente del gremio, es qué pasará con los obreros que tienen cobertura de algún seguro a cargo del empleador.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2006 y 2017 el rubro de la construcción registró un crecimiento anual siempre superior al crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país, lo cual da cuenta de la importancia relativa de este sector para la economía, sobre todo considerando que actualmente se calcula que hay cerca de medio millón de personas trabajando en la construcción.

Lo que no se conoce con exactitud es el índice de siniestralidad del sector, pero se sabe que cada año mueren a causa de accidentes en la construcción entre 50 y 100 personas, la mayoría por caídas desde altura; seguida de casos de electrocución y de derrumbes en la obra. Los casos solo son visibles cuando tienen algún interés político, como cuando un obrero falleció en la construcción de un puente municipal o cuando otro cayó de la obra de la Casa Grande del Pueblo.

Se trata, pues, de un proyecto de gran necesidad para mejorar el nivel de vida de un porcentaje muy importante de la población económicamente activa, que hasta ahora ha vivido en los márgenes de la informalidad pese a que el tamaño de su aporte a la economía nacional es evidente para propios y extraños. Es deseable que el trámite legislativo sea eficiente y que la norma resultante sea plenamente viable.