Más de medio siglo después de haberse propuesto en el debate público la noción que la identidad sexual no es lo mismo que la de género, ayer fue promulgada en Bolivia una ley que autoriza a las personas transexuales y transgénero registrar su identidad de género en sus documentos públicos y privados. Polémica como es, la decisión representa un avance de derechos.

En efecto, la Ley de Identidad de Género tiene por propósito autorizar a las personas transexuales y transgénero el cambio de sus nombres propios, los datos de sexo e imagen en toda la documentación pública y privada vinculada a su identificación, lo que les permitirá, en primer lugar, ejercer de forma plena su derecho a la identidad. La iniciativa, afirmaron sus impulsores, se enmarca en el parágrafo II del Art. 14 de la Constitución Política del Estado, que prohíbe toda forma de discriminación en razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, entre otros.

Presentado a fines de noviembre de 2015 por el Ministerio de Justicia, el proyecto es fruto de un trabajo iniciado hace muchos años por las organizaciones de personas transexuales, que son probablemente el grupo más vulnerado de la sociedad en razón de su identidad, pues al conjunto de discriminaciones que deben afrontar por su orientación se añade la negación de derechos por el solo hecho de que, por ejemplo, los datos registrados en su cédula de identidad no coinciden con su aspecto físico, condenando a muchas de estas personas a vivir al margen de la sociedad.

Hace un lustro, la demanda de este grupo fue adoptada por el colectivo de personas transexuales, lesbianas, gais y bisexuales (TLGB), que hicieron fuerza hasta lograr que el Ministerio de Justicia presente, a fines del año pasado, el proyecto normativo y días atrás sea tratado en la Asamblea Legislativa con una celeridad digna de ser destacada.

La ley, que a decir de la Ministra de Justicia en el acto de promulgación en el Palacio de Gobierno permitirá al colectivo trans el acceso a salud, educación y trabajo sin discriminación, fue prontamente rechazada por las iglesias Católica y Evangélica. En el caso de la primera, uno de sus voceros ya había afirmado, al conocerse el proyecto de ley, que el conflicto entre identidad sexual y de género es “un mal de origen psíquico” y, más recientemente, que la norma traerá más problemas que soluciones.

En todo caso, considerando que se trata de un avance trascendental para un colectivo social tradicionalmente vulnerable y vulnerado, lo que además implica que el Estado está dispuesto a dar pasos polémicos para garantizar derechos fundamentales, cabe la esperanza en que es posible, así sea lentamente, crear condiciones para que la sociedad sea de verdad más inclusiva. Toca ahora al conjunto de la sociedad imitar el ejemplo que acaba de dar el Órgano Legislativo.