Quienes sean parte de una pandilla serán sancionados con hasta cuatro años de privación de libertad, de acuerdo con el Anteproyecto de Ley de Prevención y lucha contra la delincuencia juvenil y pandillas que fue planteado y aprobado en grande durante la Sexta Cumbre Nacional de Seguridad  Ciudadana, realizada ayer en La Paz.

 

"Se incluye en el artículo 132 del Código Penal el tipo penal de ‘pandillas’ con el siguiente texto: El que formare parte de una pandilla integrada por cuatro o más personas será sancionado con reclusión de uno a cuatro años”, dijo ayer el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio.

 

La autoridad explicó que se entiende por pandilla a la "agrupación de cuatro o más personas (jóvenes por lo general) que construyen identidad social, responden a una estructura jerárquica con liderazgos que recaen en integrantes más violentos, por lo general adultos. Su actividad está vinculada a actos delictivos dentro y fuera de su territorio”.

 

La propuesta fue recibida con aplausos de los asistentes a la cumbre (alcaldes, gobernadores, jefes policiales y otros). Es parte de una serie de medidas coercitivas entre las que figuran la pena de reclusión de cuatro a ocho años para los cabecillas de las pandillas, de cuatro a seis años para quienes organizan estos grupos delictivos, y de seis a 12 años para los que captan a menores de 14 años.

 

Además, quienes promuevan la comisión de un delito como una especie de prueba o requisito para pertenecer a estas bandas serán sancionados con la pena de ese ilícito más una quinta parte.

 

"Quienes exhiban armas de fuego o realicen apología del delito en medios de comunicación o redes sociales

serán sancionados con privación de libertad de dos a cuatro años”, se lee en otro artículo del anteproyecto.

 

Los padres, tutores o responsables de un menor de edad serán sancionados con la prestación de servicios comunitarios y la asistencia a terapias junto a sus hijos cuando éstos incurran en un delito; pero además tendrán responsabilidad civil en los ilícitos con el fin de restablecer el daño causado a la víctima.

 

Además, los adolescentes que incurran en robo agravado, asesinato o violaciones no serán beneficiados con las atenuantes incluidas en el artículo 268 de la Ley 548 que consistían en reducir la pena en cuatro quintas partes o aplicar medidas socioeducativas en libertad.

 

La reclusión  de los menores de edad -según la norma- debiera ser en centros especiales cuya creación queda en manos de los gobiernos subnacionales.

 

Cuando Aparicio terminó de explicar el anteproyecto,  una mujer pidió la palabra y sostuvo que la norma estigmatizaba a la juventud, contradecía los protocolos internacionales y que era mejor que fuera elaborada por "especialistas” pues era evidente la "actitud adulto-centrista”.

 

El ministro de Gobierno,  Carlos Romero, intervino  y con cierto tono de molestia advirtió: "Nosotros somos los especialistas porque todos los días tenemos que luchar contra estos grupos. Creer que esas personas que violan, matan y asaltan son unos angelitos que no saben la diferencia entre el bien y el mal, eso sí, es una actitud adulto-centrista”.

 

Pero al final de la discusión Romero recordó que, como con todas las normas discutidas en la cumbre, se distribuirá una copia a las autoridades para que hasta el jueves hagan llegar sus observaciones. Si son de fondo se llamará a una mesa técnica para considerar cambios, si son de forma se procederá a los ajustes y el documento continuará su camino hacia la Asamblea Legislativa.

 

En el anteproyecto de ley contra las pandillas se consideró también el servicio militar como alternativa a la aplicación de medidas socioeducativas para adolescentes que infringen la ley. "El juez podrá optar por la incorporación de mayores de 16 años en el servicio militar”, dijo Aparicio.

 

La Sexta Cumbre de Seguridad Ciudadana se realizó en el Hotel Real Plaza durante la jornada de ayer.