Un grupo de ciudadanos presentaron este lunes al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, un proyecto de ley destinado garantizar la libertad de opinión e información en todas las redes sociales que utilicen cualquier tipo de tecnología informática o mecanismo de transmisión y difusión.

Este movimiento de 18 ciudadanos está encabezado por el abogado Carlos Alarcón y el excandidato a gobernador del PDC, Julio Alvarado, quienes pidieron al vicepresidente, que al amparo del artículo 162 parágrafo I, numeral 1 de la Constitución, derive la iniciativa a la Cámara de Diputados para su tratamiento legislativo.

El documento titulado “Proyecto de Ley de Garantía de los Derechos a la Libertad de Expresión, Opinión e Información en Redes Sociales”, obliga al  Estado no realizar ningún tipo de regulación, control ni injerencia en las redes sociales que utilicen cualquier tipo de tecnología informática o mecanismos de transmisión y difusión.

Sugiere como advertencia que en caso de que algunas personas utilicen  la comunicación en redes sociales como medio o instrumento para la comisión de delitos tipificados en las leyes vigentes, ejercerá a través de las autoridades competentes, las funciones asignadas por la Constitución y las leyes.

Alarcón precisó que si alguna persona utiliza la comunicación en una red social como medio para cometer un delito, quedará sujeta a la responsabilidad penal existente, para lo cual el Estado debe mejorar las capacidades de investigación de la Policía y la Fiscalía.

“Está en riesgo la libertad de expresión  y no se puede tratar de amordazar a las personas” dijo al remarcar las actuales leyes da amplias facultades a los jueces a investigar cualquier cantidad de delitos.

El debate sobre regulación de las redes sociales surgió luego del referendo del 21 de febrero, cuando el presidente Evo Morales atribuyó a las redes sociales su derrota para modificar la Constitución y presentarse nuevamente a las elecciones de 2019.

Sin embargo, la propuesta de ley, señala que el Facebook, twitter y otros instrumentos propios de la sociedad mundial globalizada, se constituyen en el depósito público de los derechos y libertades fundamentales de expresión.

Señalan que esos instrumentos resultan vitales para la democracia de Bolivia frente al contexto en el que el actual gobierno de hecho controla todos los poderes e instituciones del Estado e importantes medios de comunicación.

Alarcón dijo que frente al intento evidente del gobierno de amordazar la expresión, bajo el pretexto de combatir delitos como el trato y el tráfico de personas, resulta conveniente sancionar el proyecto de ley para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales.