El lunes, el jefe de los negociadores de las FARC, Luciano Marín (alias Iván Márquez), aseguró a través de su cuenta de Twitter que los representantes del Gobierno colombiano y de la guerrilla lograron “cerrar satisfactoriamente” dos de las aristas más delicadas y complejas del proceso de paz que actualmente se ventila en La Habana, el establecimiento de una jurisdicción especial y el punto referente al rol de las víctimas en el conflicto armado.

Según ha trascendido a la prensa, la jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar tanto a los miembros de las FARC como a los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra, y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes acepten y reconozcan su responsabilidad, con penas de hasta ocho años de cárcel, y otro para quienes no la acepten o lo hagan tardíamente, con sanciones de hasta 20 años de presidio. En cuanto a las víctimas, el acuerdo abarca los componentes de verdad, reparación y garantías de no repetición de los actos de violencia.

Se trata sin duda de un trascendental avance, que permite albergar la esperanza de que por fin se va a consolidar un acuerdo capaz de poner fin al conflicto armado más prolongado de la región, que hasta ahora ha causado la friolera de al menos 220.000 fallecidos.