Cuando el 24 de mayo de 2009 un grupo de exaltados agredió y humilló a campesinos e indígenas chuquisaqueños en la plaza principal de Sucre, justo en la puerta de la Casa de la Libertad, se infligió una herida a la sociedad boliviana que hasta hoy no se cierra. La ley para combatir estas manifestaciones no parece haber ayudado mucho en la cura del daño causado.

En efecto, fue un año después de aquel suceso que se promulgó la Ley 045, de Lucha Contra toda Forma de Discriminación y Racismo con la esperanza de que este instrumento normativo ayudaría a cambiar un rasgo que, de- safortunadamente, parece ser constitutivo de la cultura nacional: la desconfianza y el desprecio por quienes son diferentes para el grupo propio.

En aquel momento fueron los medios de comunicación los que mayor atención le prestaron a la ley, antes y luego de su promulgación, pero concentraron todo el debate público en los artículos que establecen sanciones para los medios de comunicación y periodistas que difundiesen o promoviesen discursos que alientan el racismo o la discriminación, quedando descuidados los demás aspectos referidos a la lucha contra este mal, especialmente dos: que la amenaza de proceso y sanción penal difícilmente sirve para desincentivar conductas delictivas; y que la educación, que sí es el camino para lograr el cambio social, requiere recursos y, sobre todo, voluntad política de todas las partes involucradas en el proceso.

A cinco años de vigencia de la norma, la conmemoración, ayer, del Día Nacional contra la Discriminación nos ha recordado que este mal sigue vigente y, peor, se ha convertido en fácil expediente para desviar la atención cuando alguna acusación pesa sobre las personas, particularmente en el campo político.

Ejemplos recientes son el caso del diputado opositor que luego de ser desautorizado por el jefe de su partido por haber apoyado a un correligionario acusado de flagrante corrupción se declaró víctima de discriminación solo por su origen indígena; o el caso de la candidata que creyó haber perdido las elecciones por ser mujer e indígena, luego de que sus posibilidades se vieron afectadas debido a una acusación de corrupción en su contra. En otras ciudades del país los argumentos son similares, añadiéndose tan solo argumentos regionalistas. Y las expectativas creadas por la citada norma siguen sin ser satisfechas, a diferencia de los temores de quienes alguna vez denunciaron que serviría como instrumento de persecución política, cosa que parece ser el interés de algunas autoridades responsables de ejecutar la ley.

La discriminación, pues, es un problema que excede largamente los límites de la política (aunque políticos son sus efectos) y que debe ser encarada con más y mejor empeño por parte de las autoridades de todos los niveles gubernativos del Estado, pero también de la sociedad y sus líderes.