Elaborada durante largos ocho años, la Ley de Inversiones está ahora a punto de ser aprobada por el parlamento, pero los inversionistas no pueden alegrarse mucho todavía, por lo que han dicho voceros del partido de gobierno.

El artículo en que figuraba la eventualidad de que las empresas privadas sean nacionalizadas por el Estado ha sido eliminado pero, como lo dijo el diputado oficialista Galo Bonifaz, esa posibilidad se mantiene intacta en la Constitución. Se han incorporado también artículos correspondientes a la necesidad de incentivar el desarrollo de algunos sectores de la economía mediante políticas financieras y fiscales. Lo malo es que los sectores privilegiados de esta manera siguen siendo los extractivistas, como ser la minería y el petróleo, mientras no se lee nada acerca de la necesidad de impulsar actividades terciarias, del sector industrial. De todos modos, la aprobación de la ley viene a llenar un vacío que era observado sobre todo desde el exterior cuando se aludía a que en Bolivia no existen “seguridades jurídicas” para invertir. • Para que el mensaje a los inversionistas del mundo sea completo habrá que avanzar ahora en la eliminación de las taras y las fallas de la justicia nacional, que en estos días sigue dando ejemplos del estado lamentable en que se encuentra. Y también será preciso aclarar, como lo han observado empresarios nacionales, cómo será el sistema de arbitraje cuando se presenten controversias, pues el gobierno nacional ha estado dando señales de que no desea respetar compromisos para acudir para ello, eventualmente, a tribunales internacionales. • Habrá que ver revisar también algunos detalles que han sido observados por organizaciones internacionales, como aquellas que se dedican a medir cuán pesadas son las burocracias que se ocupan de los trámites de las empresas privadas y que han ubicado a Bolivia en los peores lugares. Hace dos semanas, una medición reveló que incluso el pago de impuestos tiene en Bolivia el trámite más moroso de toda América latina. Y está el detalle de las carreteras intransitables, sin contar las dificultades de la carga boliviana para acceder a los puertos de los países vecinos por la falta de convenios claros que se cumplan de ambas partes. • El sector privado tendrá su ley de inversiones, finalmente. Ahora falta que el sector público cumpla sus propias leyes: la ley de licitaciones, la ley SAFCO, el castigo a los negociados, la imposibilidad de que los funcionarios públicos tengan empresas que sean favorecidas por contratos del Estado, etcétera.